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La Junta rechaza el “caramelo envenenado” de subir más impuestos

La consejera de Hacienda asegura que trabaja en la previsión de un Presupuesto expansivo

La reforma fiscal aprobada por el Gobierno central plantea más interrogantes que certezas al Gobierno andaluz de coalición, cuyo socios de PSOE e IU empezarán a negociar a partir del próximo mes el Presupuesto de la Junta para 2015, el penúltimo de la legislatura. La rebaja en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) incidirá directamente en la financiación de las comunidades, que gestionan la mitad de este tributo.

La Junta cree que este recorte tiene dos caras: una buena para el Gobierno de Mariano Rajoy —que se apunta el tanto de la rebaja— y otra mala para las comunidades, que pueden verse obligadas a subir la presión fiscal para compensar la minoración de ingresos por la renta. “No vamos a aceptar el caramelo envenenado de subir impuestos medioambientales”, anunció este martes la responsable de Hacienda, María Jesús Montero.

Ninguna información adicional a la facilitada en comparecencias públicas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha llegado a los Gobiernos autónomos, que mañana jueves están citados a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el déficit y la deuda, según el orden del día enviado. Andalucía pretende abordar el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, aunque esa discusión no está aún en el calendario del ministerio.

El Gobierno de PSOE e Izquierda Unida trabaja con unas previsiones de un presupuesto expansivo, pese a que en 2015 el déficit está fijado en el 0,7% del PIB (lo que significa 400 millones de euros de gasto menos) y la prioridad marcada por la presidenta andaluza, Susana Díaz, es la de volver a pagar los complementos autonómicos de la paga extra de los empleados públicos (entre 320 y 350 millones de euros más).

La consejera de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, presentó ayer un informe al Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto de ley de reforma tributaria del Ejecutivo de la nación, que adjetivó de “maquillaje fiscal” porque, en su opinión, no aborda “el problema” de los ingresos y soslaya el combate del fraude fiscal.

Montero teme que esta reforma implique un aumento del recorte de gastos a las comunidades, por quinto año consecutivo, y que este afecte de nuevo a las prestaciones en educación, sanidad y bienestar social.

“Han elegido lo fácil, dar la sensación de una bajada de impuestos, sin consultar a las comunidades autónomas”, se quejó. La consejera reiteró en varias ocasiones que mientras no haya un nuevo sistema de financiación autonómica, Andalucía “no va a estar de acuerdo con una mayor autonomía fiscal”. Esto es, el hacer uso de su capacidad para subir los impuestos en los que tiene competencias. “No vamos a aceptar esa patata caliente”, dijo Montero, quien hizo un llamamiento para “evitar la guerra entre las comunidades ricas y las comunidades pobres, entre las del norte y las del sur, las de mayor y menor renta”.

Hacienda desconoce el impacto que tendrá en el Presupuesto andaluz para 2015 la reforma tributaria presentada por el ministro Cristóbal Montoro hasta que no se fijen las entregas a cuenta en las próximas semanas. Y no dio por buena la cifra facilitada el día anterior por el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, de que podrían venir 600 millones de euros menos. Pese a la crítica al proyecto fiscal del Gobierno de la nación, Montero se mostró “confiada” en que los ingresos procedentes del Estado experimenten un “aumento” dado que la recaudación del IVA ha crecido en un 5%.

Será a partir de entonces cuando la Junta pueda avanzar si, como es su pretensión, habrá un presupuesto expansivo para 2015, año en el que se celebrarán las elecciones municipales. Lo que sí dejó claro Montero es que no habrá subida de impuestos, algo que ha dejado claro “hasta la saciedad” Susana Díaz.

La consejera evitó pronunciarse sobre inversiones, ni sobre las peticiones de IU de un proyecto de fiscalidad ecológica y mayores recursos para restituir derechos a los profesionales de la sanidad.

 

44 millones para el PER

El Consejo de Gobierno autorizó ayer a financiar a las Diputaciones con 44,31 millones de euros para el pago de los materiales de las obras y servicios que realizarán las entidades locales andaluzas en 2014, con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA, antiguo PER). El desarrollo del plan permitirá generar este año casi dos millones de jornales y alrededor de 112.000 contratos para más de 2.100 proyectos, según informó el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez.

Las subvenciones de este programa se canalizan a través de convenios con las instituciones provinciales, que se suscribirán antes de que finalice el mes de julio. El portavoz detalló que al menos un 21% de los fondos se entregará este año, mientras que el resto se abonará en tres pagos durante el primer semestre de 2015. Por provincias, los 44,3 millones del PFEA 2014 se distribuyen del siguiente modo: Almería (2,5 millones de euros), Cádiz (4,7), Córdoba (6,8), Granada (6), Huelva (3,7), Jaén (5,7), Málaga (4,9) y Sevilla (10).

La dotación del PFEA para 2014 asciende a 206,7 millones, la misma que el año anterior, una cuantía que procede tanto de la Administración central (147,7 millones) como de la Junta y las Diputaciones, que aportan el resto con el 75% y el 25%, respectivamente. Desde que se creó en 1986, este programa ha sumado unas inversiones de 4.424 millones de euros (1.288 para materiales, 973 aportados por la Administración autonómica y 315 por las Diputaciones).