El Gobierno vasco pide a Rajoy que retire el recurso contra el decreto de víctimas

El Gobierno vasco ha pedido al presidente Mariano Rajoy que retire el recurso interpuesto contra la reforma del decreto que regula el reconocimiento y la reparación a las víctimas de abusos policiales aprobada el pasado mes de octubre. El Gabinete de Urkullu sostiene que el recurso "victimiza doblemente" a estas personas.

El Gobierno de Patxi López aprobó en junio de 2012 un decreto para reconocer a quienes sufrieron graves vulneraciones de derechos humanos a manos de agentes de policía y funcionarios públicos entre 1960 y 1978, y el Gobierno de Urkullu procedió el 16 de octubre de 2013 a reformarlo atendiendo a las demandas de la Comisión de Valoración. Este órgano, que tiene la función de analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento y reparación de las víctimas policiales, sostenía que la aplicación de la literalidad de determinados preceptos del decreto original dificultaba "una restitución efectiva del derecho de estas víctimas cuando es dicha restitución la finalidad primordial de la norma".

El Gobierno tuvo en cuenta esta reflexión e introdujo una serie de cambios en el texto legal con el fin de poner en manos de la Comisión de Valoración instrumentos jurídicos para aplicar el decreto de una forma "más acorde" con la doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos cambios están en el aire después de que la Abogacía del Estado interpusiera un recurso contra las mismas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que vulnera la Ley de Memoria Histórica, norma que reconoce a quienes que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y la legislación básica de la Seguridad Social.

El Gobierno vasco presentó a mediados de abril sus alegaciones ante TSJPV. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, explicó este martes que además de estas alegaciones cursaron una petición oficial al Gobierno de Rajoy para que retire el recurso, ya que "encierra un significado político muy grave: se trata de poner obstáculos al reconocimiento de unas violaciones de derechos fundamentales en la última etapa del franquismo originados por abusos policiales". "Este colectivo nunca había recibido antes un reconocimiento y reparación de las instituciones, y este recurso las victimiza doblemente. Nos hemos reunido con las víctimas afectadas y les hemos expresado nuestro apoyo y solidaridad", añadió.

Por ahora no ha habido respuesta oficial y el Ejecutivo sigue aplicando la normativa

Erkoreka indicó que están esperando a la respuesta del Gobierno del PP para comprobar si atiende o no a la solicitud de retirar el recurso formulada "no sólo por el Gobierno Vasco, sino también por parte de muchas asociaciones". Por ahora, dijo, no hay respuesta oficial y el Ejecutivo de Vitoria continúa aplicando el decreto con normalidad. Y es que, según señaló, el recurso "no plantea la suspensión del decreto y el Gobierno continúa gestionándolo y aplicándolo en condiciones similares a cómo lo venía haciendo hasta ahora, aunque es innegable que proyecta una cierta incertidumbre" sobre los reconocimientos y ayudan otorgados de acuerdo con la nueva redacción.

La reforma recurrida consta de diez artículos que modifican otras tantas disposiciones del texto original que reconoce y repara económicamente a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios policiales, o en su caso a sus familiares, cuando causaron la muerte o lesiones de carácter grave y permanente. El cambio más relevante hace referencia precisamente a la consideración de estas lesiones permanentes y graves.

El texto original las define como las que ocasionan "gran invalidez, incapacidad permanente en sus distintos grados o lesiones permanentes no invalidantes" y regula su graduación aplicando las disposiciones en materia de Seguridad Social. La reforma habla en cambio de aquellas que ocasionen "algún tipo de menoscabo funcional físico o psíquico o incapacidad de carácter permanente". Además, y a la hora de diferenciar grados, plantea tomar en consideración "los criterios utilizados en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legislación laboral y otras que pudieran ser usadas en el Derecho de Daños". Otras novedades son la referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la hora de motivar el informe de reconocimiento y la propuesta de compensación económica.