El Consejo de Garantías analiza la cesión de depuradoras al Área Metropolitana

El Consejo de Garantías Estatutarias analizará la cesión de competencias en materia de gestión de aguas de la Generalitat al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La mesa del Parlamento catalán remitió ayer al organismo la petición de un dictamen solicitada por ICV-EUiA y CUP, al considerar que el decreto que el Gobierno catalán aprobó la pasada semana es de "dudosa legalidad".

El acuerdo aprobado la semana pasada dota de nuevas competencias a la corporación metropolitana y le cede infraestructuras hidráulicas. A cambio, la institución que preside Xavier Trias pagará alrededor de 800 millones de euros y se asegurará el control del canon del agua recaudado en los 36 municipios metropolitanos durante un máximo de 30 años. Este, previsiblemente, será controlado por la sociedad mixta constituida en verano pasado por el AMB junto a Agbar, que controla el 85% de la sociedad.

Los grupos de ICV-EUiA y la CUP critican con dureza este decreto al considerar que supone una privatización encubierta de un servicio público pagado por todos los ciudadanos con sus impuestos y solicitaron formalmente un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

Hasta que el Consejo de Garantías no emita este dictamen, la tramitación parlamentaria del decreto ley 2/2014 que modifica la Ley 31/2010 del Area Metropolitana de Barcelona queda aplazada. Una vez aprobado el decreto ley, la Generalitat tendrá que cerrar un convenio con el organismo municipal y este otros dos con la Agencia Catalana del Agua y con Agbar.

El objetivo de la Generalitat con este acuerdo, que ha cerrado por la vía urgente, es conseguir recursos con los que reducir su déficit. En los presupuestos autonómicos para este año se prevé recaudar hasta 2.300 millones de euros derivados de ventas de activos y de privatizaciones.