El Gobierno andaluz delega en los Ayuntamientos sus planes de empleo

La Junta de Andalucía está delegando en los Ayuntamientos de la comunidad sus últimos planes de empleo. En total, cuando falta menos de un año para las elecciones municipales, los alcaldes contarán con 320 millones de euros para hacer contrataciones gracias a tres decretos autonómicos ideados como planes de choque contra el elevadísimo paro, de un 35% en Andalucía. La fórmula que utilizan las distintas consejerías del Gobierno autónomo es la misma para todos estos programas: la Junta financia los planes —con fondos propios o de la Unión Europea— pero son los Consistorios los que se encargan de contratar a los desempleados de sus municipios.

El Ejecutivo de PSOE e IU aprobó a finales de abril el nuevo decreto de medidas urgentes dirigido a jóvenes sin trabajo de entre 18 y 29 años. Se trata de la actualización del programa contra el desempleo juvenil aprobado un año antes por la Junta. Pero si en 2013 el plan se centraba en medidas para favorecer el empleo autónomo, en el de este año los fondos se concentran en las contrataciones a través de los Ayuntamientos.

De los 200 millones que se contemplan en este reciente decreto, el 87% (174 millones) van a parar a ese tipo de contratos municipales. La previsión de la Consejería de Economía es que 19.000 personas entre 18 y 29 años logren un empleo de jornada completa o parcial, pero con una duración máxima de seis meses. El catálogo de puestos que los alcaldes podrán cubrir con este programa es amplísimo, desde los servicios sociales al medio ambiente, el turismo o el desarrollo cultural.

Al margen de lecturas electorales, estos contratos suponen también un alivio para los Ayuntamientos, que desde 2009 tienen limitada por el Gobierno central la incorporación de nuevos trabajadores. En este momento, la tasa de reposición es cero para los Consistorios (no se permite cubrir las bajas), salvo en servicios como la policía local, donde se permite el 10%.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana la actualización del decreto ley contra la exclusión, que coordina la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Y, al igual que en el programa contra el desempleo juvenil, el esfuerzo presupuestario también se centra en los Consistorios. De los 64 millones de presupuesto que tiene el plan, un 65,6% (40 millones) se destinan al llamado Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que además gestionarán los municipios.

Pero en este caso la población a la que va dirigida esta medida cambia: se podrán beneficiar aquellos desempleados que en el último año no hayan trabajado más de 90 días y que estén en situación de exclusión y en riesgo de estarlo. Los contratos que realizarán los Ayuntamientos serán para un periodo de entre 15 días y tres meses. La consejería calcula que se firmarán 25.000 contratos, que no podrán superar los 1.075 euros mensuales. Los alcaldes tendrán libertad para emplear a los trabajadores para las labores que consideren oportunas.

La consejería solo pide que no se destinen a “suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en el Ayuntamiento”. Entre las obligaciones que se establecen en el decreto, el Gobierno andaluz fija que las personas que sean contratadas a través de este programa “deberán incluir, en lugar visible de su vestuario laboral, la identidad corporativa de la Junta de Andalucía como entidad financiadora del mismo”.

Al margen de estos dos decretos —que suponen 214 millones para contrataciones— la Junta tiene previsto aprobar también este mes un plan de empleo para mayores de 30 años dotado con 106 millones de euros, según anunció la presidenta andaluza, Susana Díaz. La socialista recalcó que estos fondos también serán gestionados por los Ayuntamientos.

En los dos decretos aprobados hasta ahora, la Junta ha establecido un mínimo de fondos para todos los municipios (de unos 10.000 euros en cada plan) para que las localidades más pequeñas también se beneficien de los programas. El resto de la inversión se reparte en función de la población y del número de parados de cada ciudad.