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La Fiscalía no ve delito en el multirreferéndum del 25-M

La Junta Electoral prohibió preguntar a los ciudadanos durante la jornada de elecciones al Parlamento europeo

Los Mossos obligan a desmontar una de las mesas del multireferéndum en Barcelona.
Los Mossos obligan a desmontar una de las mesas del multireferéndum en Barcelona.

La Fiscalía de Barcelona no aprecia indicios de delito en el multirreferéndum organizado el pasado 25 de mayo, día de las elecciones europeas, en Cataluña. El ministerio público ha decidido archivar las denuncias presentadas contra una treintena de personas que participaron en las mesas electorales instaladas en la calle, según han informado a EL PAÍS fuentes judiciales. La iniciativa partió de diversas organizaciones y pretendía preguntar a los ciudadanos sobre multitud de cuestiones de interés político y social. La Junta Electoral prohibió el referendo —una decisión que fue avalada por el Tribunal Supremo— y, posteriormente, remitió las actas que levantaron los Mossos d’Esquadra a la Fiscalía, que ahora les ha dado carpetazo.

El ministerio público concluye, en su escrito de archivo, que la iniciativa no vulneró ningún precepto de la ley electoral y, por tanto, los participantes no cometieron ningún delito. Las mesas, añade el escrito, se instalaron lejos de los colegios electorales donde se escogía a los representantes del Parlamento europeo, por lo que no hubo interferencias que afectaran al desarrollo normal de la jornada electoral. La Fiscalía remitirá ahora el escrito a la Junta Electoral, para que valore si debe abrir un procedimiento administrativo.

La junta consideró que la instalación de urnas en la calle (tanto el día 25 como la víspera, jornada de reflexión) podía influir en los electores, por lo que debía prohibirse. Se trata, añadió la junta, de una “actividad de naturaleza política” contraria, en su opinión, a la ley electoral. El hecho de que uno de los convocantes fuera la CUP —una formación política con representación en el Parlamento catalán— también influyó en la decisión.

Las asociaciones preguntaron a la ciudadanía su opinión sobre los controles públicos al sector energético, sobre el futuro de la agricultura o sobre el pago de la deuda, entre otras cuestiones.

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