Igualdad mantiene las tres comidas al día para 20.000 escolares sin recursos

En el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes se vieron las dos caras de la moneda. La de los indicadores económicos que parecen remontar el vuelo y la de las familias sin ingresos que no ven una salida. El Gobierno autónomo anunció que revisa sus previsiones económicas al alza y que espera cerrar este año con un crecimiento real del PIB del 1,4%, cuatro veces más de lo esperado. Y, a la vez, presentó el nuevo decreto de inclusión social, que contempla destinar 64 millones de euros para cubrir las necesidades básicas de las personas en situación extrema. El Ejecutivo de PSOE e IU estima que 160.000 personas podrán acceder a las medidas del plan, lo que supone alrededor del 2% de la población andaluza.

Lo aprobado este martes es la renovación del decreto contra la exclusión que la Junta diseñó el año pasado. Hay medidas que se mantienen —como las tres comidas diarias a los escolares más pobres—, otras que se eliminan del decreto —como las relacionadas con la ayuda a domicilio— y algunas nuevas, como los 6,5 millones que se destinan a evitar los cortes de luz y agua y a sufragar otros servicios básicos.

Las tres comidas diarias que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales garantiza a los menores de las familias más pobres se mantienen este año. Unos 20.000 escolares seguirán recibiendo este servicio, según los cálculos del departamento de María José Sánchez Rubio. La consejera reconoció que hay menores que se están alimentando sólo “con lo que comen en los colegios”. Durante el estío, este reparto de comidas se hace a través de las escuelas de verano —con unos 4.500 menores dentro del programa— y la red de ONG y asociaciones. Además, a unas 3.500 personas mayores sin recursos también se les garantiza la alimentación.

Unos 4.500 menores reciben la comida en las escuelas de verano

Aunque se mantienen estos servicios, la consejería está barajando otras fórmulas con las asociaciones que trabajan sobre el terreno, como recurrir a economatos y a tarjetas alimentarias. Este tipo de experiencias, que ya realizan algunas ONG, se canalizarán a través de un “banco de prácticas innovadoras”. En total, el presupuesto del denominado Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria contará con 11 millones este año, uno menos que lo reservado en el decreto de 2013.

La consejería ha decidido eliminar del decreto el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que el año pasado estaba dotado con 20 millones, que se destinaron a la contratación de ciudadores. Este servicio pasará ahora a depender de otro departamento de la consejería, que asegura que los 20 millones no se pierden.

La consejería promueve la creación de 25.000 empleos

Por primera vez, se incluye un Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social. Se pretende ayudar a las familias con menos recursos a afrontar los gastos de agua y luz, el “equipamiento esencial de vivienda” o el pago del alquiler. Para este asunto se reservan 6,5 millones de euros, que gestionarán los Ayuntamientos. Esta partida está lejos de los 20 millones de los que habló el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, cuando el año pasado anunció un programa contra la pobreza energética.

También se mantiene el plan de inclusión a través del empleo, que contará con 42 millones de presupuesto, dos más que en 2013. Estos fondos, que también gestionarán los Ayuntamientos, se dedicarán a pequeñas contrataciones, de entre 15 días y tres meses. La consejería espera que se creen 25.000 empleos a través de esta vía.

En el decreto ley de Igualdad se ha incluido un apartado experimental que afecta a las personas que perciben el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el llamado salario social que reciben aquellos que han agotado otras prestaciones. Se intentará que unas 800 personas que están dentro de este plan puedan reengancharse otra vez al mercado laboral. La consejería cerrará con empresas de economía social y de inserción acuerdos para que los empleen durante un máximo de seis meses. Para ello, la Junta entregará a esas empresas 2.500 euros por trabajador, es decir, lo que les correspondería como Ingreso Mínimo de Solidaridad. Esta experiencia, que la consejería no descarta extender en el futuro a los Ayuntamientos, ya se intentó aplicar sin éxito en los años noventa en algunas comunidades.