El alcalde de Santiago se queda solo tras otra dimisión y busca gobierno

Alguien pudiera pensar que con tres concejales electos dimitidos a la espalda y una sentencia penal pendiendo sobre las cabezas de otros siete miembros del gobierno, el PP estaría pertrechado para reflotar en cuestión de horas el Ayuntamiento de Santiago cuando llegase el golpe final. Pero ayer el alcalde, el popular Ángel Currás, se despertó con su equipo descompuesto por la dimisión de los siete condenados y por primera vez, dice, empezó a buscar candidatos a gobernar con él la capital de Galicia. “No se ha dado ningún paso porque estábamos convencidos de que la sentencia sería favorable”, esgrimió. Apenas tres horas después de pronunciar estas palabras, el regidor supo que el número de sustitutos que debe captar había aumentado a nueve. Además de reemplazar a los siete citados y a Adrián Varela, que abandonó la corporación la semana pasada tras acumular su segunda imputación, el Ayuntamiento de Santiago deberá suplir a Rebeca Domínguez, otra concejala con problemas judiciales que ha decidido también entregar el acta.

 El goteo de causas judiciales y los enfrentamientos personales dentro del gobierno han dejado solo a Currás. A su vera permanecen únicamente la teniente de alcalde, Reyes Leis, y dos ediles adscritos sin competencias delegadas, Luis Meijide y José María Rosende. El regidor busca ahora colaboradores entre los nombres que le quedan en la diezmada lista electoral de 2011 pero, consciente de que la candidatura no le va a llegar, ha ampliado el rastreo a los técnicos del Ayuntamiento, que tendrían que incorporarse como concejales no electos. “La gobernabilidad está garantizada. Hoy se han mantenido todas las reuniones”, se afanaba ayer en proclamar el regidor, empeñado en transmitir normalidad ante los “problemas” que surgen en “cualquier gestión” municipal. “Es momento de duplicar el esfuerzo y de entregarse más frente a los problemas que existen en todo momento en cualquier gestión de un Ayuntamiento”, se defendió.

Una representación de los siete concejales condenados por prevaricación compareció ayer entre lágrimas y arremetiendo contra la sentencia. La concejal de Urbanismo, María Pardo, que ejerció de portavoz con la cara desencajada, dejó claro que renuncian a sus actas “por imperativo legal” pese a su “indeclinable disconformidad” con la decisión del juez. Apeló a una doctrina de la Junta Electoral Central que, según dijo, obliga a dejar el cargo a los condenados por prevaricación en un fallo no firme. El dictamen judicial, que les impone nueve años de inhabilitación por aprobar en una junta de gobierno de 2013 el pago con dinero público de la defensa de un compañero imputado, es “erróneo”, dicen los concejales, y lo recurrirán ante la Audiencia Provincial de A Coruña. “Nos vamos con la cabeza muy alta”, afirmó otro de los condenados, Francisco Noya, quien no ve relación entre su caso y la debacle electoral del PP en Santiago en las elecciones europeas. En As Pontes, el número dos del PP gallego, Alfonso Rueda, afirmó que los concejales “tomaron la decisión que tenían que tomar”.

Los siete dimisionarios desplegaron una larga lista de agradecimientos en la que no incluyeron a su alcalde. Mientras la oposición exige que se vaya, Currás destaca que seguirá para rehacer el gobierno con un “equipo solvente”. “Seguiremos al frente de este barco”, afirmó el único imputado que continúa formando parte del gobierno de Santiago. Esa fue su respuesta cuando se le preguntó si cuenta con el aval de su partido para vadear el año de legislatura que aún le queda por delante.