Pascual Sala: Antes que “los derechos sociales hay que restringir todo lo demás”

El magistrado Pascual Sala (Valencia, 1935) ha reivindicado este lunes en la Universitat de València  la plena vigencia de los principios básicos del estado social, aun en un contexto de grave crisis económica. "La crisis no desborda la Constitución", ha afirmado en el Centre Cultural La Nau con motivo de su investidura como doctor 'honoris causa' por la Universitat de València. "La Constitución obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos", por lo que "la restricción de los derechos sociales ha de ser la última alternativa". Para poder hacerlo, ha manifestado con firmeza, "hay que restringir antes todo lo demás, y por supuesto eliminar el despilfarro y la corrupción".

Si se eliminaran el despilfarro y la corrupción, "habría suficiente, como decía Lluis Vives, para acudir a lo esencial". Ese es el mensaje que ha querido transmitir el juez valenciano en su lección magistral, titulada La garantía constitucional de los derechos económicos  y sociales y su efectividad en situaciones de crisis económica. La lección ha empezado con una cita de Juan Luis Vives sobre la manera de subvenir a los afectados por la pobreza en Brujas en 1526.

La cita de Vives sonaba actual: "No faltará dinero si se administran bien las rentas que tienen los hospitales y demás residencias. Los particulares pudientes aportarán lo necesarios y si no llegara para todas las necesidades debe ser la ciudad la que, recortando de otros gastos, dedique lo necesario a estos menesteres"

"No es un mensaje retórico sino anclado en normas que son de perfecta y plena aplicación", ha recalcado tras el acto, al que han asistido también los presidentes del Tribunal Constitucional (Francisco Pérez de los Cobos), Supremo (Gonzalo Moliner) y de Cuentas (Ramón María Álvarez de Miranda) . Pascual Sala ha sido el único juez que ha ostentado la titularidad de estos tres cargos a lo largo de su carrera, además de ser presidente del Consejo General del Poder Judicial.

También ha asistido al acto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva. Entre los políticos se encontraban presentes el consejero de Gobernación de la Generalitat, Serafín Castellano, y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. La ‘laudatio sobre Pascual Sala ha sido a cargo del catedrático Juan Martín Queralt, quien lo ha situado en “aquella generación que reescribió nuestro Derecho Público en circunstancias políticas nada propicias”.

Pascual Sala ha querido explícitamente en su lección magistral  demostrar la vigencia de la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución, y "de los derechos fundamentales  derivados de los principios rectores de la política social y económica", aunque, ha subrayado, "muchas veces parece olvidarse bajo  el manto  de términos de apariencia incontrovertible como racionalización de sistemas o del gasto, sostenibiliad financiera, mejora de procedimientos, optimización de prestaciones, etc."

¿Culpa de la crisis?

El que fuera alto magistrado del Estado, se ha referido también al principio de estabilidad presupuestaria recogido en la modificación del artículo 135 de la Constitución, para advertir que "no impone la restricción de los contenidos que conforman el Estado Social". Por eso, "achacar a la crisis económica  la regresión del Estado Social o concentrar en éste, casi exclusivamente, los ajustes que aquella exige equivale a sostener, a modo de una hipocresía normativa, que la configuración y contenido de los derechos sociales y económicos , en nuestra Constitución y en el Derecho Comunitario Europeo, son un simple deseo que solo será factible cuando las circunstancias  económicas lo permitan".

Para para poder razonar, ha dicho, Sala, habría que "trasladar a los textos normativos correspondientes esa dependencia" y eso es algo que "en ninguno de los Estados que componen la Unión Europea, ni por supuesto en el nuestro, nadie se ha atrevido a realizar".

En declaraciones posteriores a la prensa, también ha explicado que "los casos de corrupción se eternizan en los tribunales porque no se utilizan bien las instituciones que tiene nuestro país para luchar precisamente contra la corrupción o para luchar contra el despilfarro que", como ha dicho otras veces y ha repetido en su discurso, "es la antesala de la corrupción".

La labor de los jueces debería ser "una última labor residual" en los casos de corrupción, "no la primera como aparentemente es ahora", ha dicho el magistrado.  A la justicia, estos casos deben de llegar "después de cumplir el mandato de revisar la adecuación de los gastos públicos y de los ingresos públicos a los principios constitucionales", que debe realizarse por las instituciones de control existentes. "Hay un desaprovechamiento de esas instituciones, que tenemos perfectamente establecidas", ha lamentado. "Se acude siempre frontalmente a los jueces, pero los jueces deberían ser la última pieza que cierra el sistema, porque como he dicho, son la garantía y las garantías actúan en último lugar", ha argumentado. Pero "primero tiene que funcionar la normalidad de las instituciones".