Los madrileños defraudan en impuestos uno de cada cuatro euros

La Comunidad de Madrid descubrió un fraude fiscal de 546,6 millones de euros en el ejercicio pasado. La cantidad, ligeramente superior a la de 2012 (545,9) y por debajo de los 628,5 millones de 2011, supone el 33,6% de los 1.625,7 millones en impuestos que el Ejecutivo autonómico recaudó y gestionó el año pasado. Esto es, los madrileños defraudaron uno de cada cuatro euros en impuestos como el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesión y donaciones y la imposición que grava el juego. El presupuesto del Gobierno regional para 2014 es de 17.060 millones, doce más de los que dispuso en 2013.

Para hacerse una idea de la dimensión del desfalco, la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Enrique Ossorio calcula que con la cantidad destapada (se revisa el 100% de las declaraciones) se habrían podido financiar 122 centros de salud, el mismo número de colegios o 127 kilómetros de autovías, según un informe oficial.

El engaño acumulado en los últimos 11 cursos es de 5.227 millones; esto es, un promedio de 475 millones anuales de acuerdo con los registros de la Comunidad en los gobiernos de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González, en el cargo desde septiembre de 2012. Con esos fondos, se podrían haber construido 41 hospitales, puesto en servicio casi 80 kilómetros de la red de Metro o haber subvencionado el transporte público durante seis años (una legislatura y media).

Los técnicos de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego revisaron el ejercicio pasado 583.803 declaraciones de los contribuyentes. De ellos, 64.603 —un 4,5% más que el año anterior— defraudaron. El importe medio de los tributos ocultados fue de 8.460,91 euros por persona. El fraude procede de contribuyentes que elaboraron de forma errónea los impresos fiscales; no declararon todos los bienes que gravan los impuestos; y de ciudadanos que se beneficiaron de bonificaciones o deducciones que en realidad no les correspondían.

Más de la mitad del dinero pendiente se concentró en el impuesto de sucesiones y donaciones (56,4%), con 308,5 millones a falta de ser abonados (una media de más de 19.300 euros). El siguiente en el listado fue el impuesto de transmisiones patrimoniales, con 98,9 millones, equivalentes al 18% del total, aunque en su caso la deuda media fue la menor de todas las cotejadas (2.682,54 euros). Los actos jurídicos documentados figuraron en tercer lugar, con 65,1 millones (11,9% de los 546,6 millones) y que supuso una carga media a abonar de más de 9.500 euros entre quienes eludieron pagarlo. De los 75 millones restantes, 32,8 se computaron a la imposición al juego (6%). Aquí, el informe de la la Consejería Hacienda contabiliza la mayor deuda pendiente por individuo, con 27.085,05 euros de media. Por último, el equipo que dirige el consejero Ossorio detectó la falta de otros 41,3 millones (7,5%) que se repartieron entre patrimonio, sanciones e intereses por pagar. La media resultante ascendió en este caso a 11.060,52 euros.

El año pasado, EL PAÍS adelantó cómo la Hacienda madrileña recuperó 50 millones gracias a la información revelada por Hervé Falciani, exempleado del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), que sustrajo los datos de 130.000 cuentas del cuarto banco del mundo por valor en Bolsa. De los 260 millones que el Ministerio de Cristóbal Montoro recuperó por estas fechas el año pasado, 50 millones fueron a parar directamente a las arcas regionales. ¿La razón? Que los defraudadores no habían abonado precisamente el impuesto de patrimonio autonómico.

El pasado octubre, González anunció la mayor bajada de impuestos adoptada por una comunidad autónoma. En vigor desde el 1 de enero, supone la reducción de 0,4 puntos a cada contribuyente sobre el impuesto de la renta en el tramo autonómico. La rebaja, criticada por la oposición, que entiende que favorece a las rentas más altas —la Comunidad sostiene que el 80% de la rebaja fiscal va dirigida a personas que ganan menos de 30.000 euros—, se sumó a la que ya aprobó Aguirre en 2007, cuando lo rebajó 0,1 puntos.

Además de revisar a la baja el impuesto de la renta, el Ejecutivo madrileño redujo un punto el impuesto de transmisiones patrimoniales, que afecta a la compra de pisos de segunda mano, dejando el tipo general en un 6%, el más bajo de España. A su vez, redujo un 25% el impuesto de actos jurídicos documentados, que regula los documentos notariales e hipotecarios en la compra de viviendas nuevas. Se quedó en el 0,75%.