Empleo triplica las sanciones a las asociaciones de la trama de los cursos

El caso de los cursos de formación de la Comunidad ha abierto una herida entre el Ejecutivo y los tradicionales gremios de Madrid. La Consejería de Empleo envió la semana pasada un expediente sancionador a 25 asociaciones afectadas por el caso Anerien la que les comunica que, además de devolver las ayudas públicas recibidas, serán sancionadas con una multa de hasta el triple del valor de esas subvenciones. Según un portavoz de la consejería, en 2011 se repartieron 2,6 millones que tendrán de que ser devueltos. Además de eso, la posible multa podría ascender a 7,8 más, lo que supone un total de 10,4 millones.

Las asociaciones empresariales se consideran doblemente engañadas. Por un lado, creen que han sido estafadas por José Luis Aneri, uno de los empresarios de la trama que supuestamente organizó con alumnos falsos cursos que luego no realizó. Por otro, creen que la Consejería de Empleo ha sido injusta al aplicar unas sanciones que suponen en la práctica la desaparición de muchas de las asociaciones.

La medida ya fue anunciada hace unos meses en la Asamblea de Madrid por la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño. La responsable de la consejería trató de sacar la bandera contra la corrupción anunciando duras medidas, a pesar de que el caso había ocurrido en su propia cartera. No solo no se había ejercido el control suficiente para destapar el fraude, sino que además se había procurado evitar que se destapase el escándalo. Una prueba de ello es que la consejería estuvo dialogando con las propias asociaciones para tratar de que justificaran el dinero recibido y les amplió el plazo para hacerlo.

Todo eso ocurrió antes de diciembre de 2013. Pero la noticia saltó a los medios y la consejería dio un giro radical. Ha revocado las subvenciones a las asociaciones y ahora les exige que paguen las sanciones. Algunas que deben por ejemplo 30.000 euros, tendrán que pagar finalmente 120.000.

Los gremios alertan de que estas multas pueden suponer su final

Al mismo tiempo, algunas asociaciones han mostrado su malestar ante el hecho de que la comunicación de las sanciones vaya firmada por Patricia Herrero, directora general de Formación, y Vicente Ferreras, jefe de área del departamento. A la primera la señalan como una de las responsables de lo ocurrido por no haberles notificado antes lo que estaba pasando con Aneri. En cuanto a Ferreras, se sorprenden de que la persona que les ha estado aconsejando y dándoles información sobre lo que tenían que hacer para justificar las subvenciones, sea finalmente quien se encargue de sancionarles.

Nada se sabe por ahora de los cursos gestionados por las empresas de Alfonso Tezanos, otro de los supuestos cabecillas de la trama y sobre el que hay indicios de que también diseñó cursos falsos. La Comunidad no ha notificado a las asociaciones que le contrataron que devuelvan el dinero.

Sobre algunas de las asociaciones también existe la sospecha de que cobraron mordidas o se beneficiaron de parte del dinero de las subvenciones. “Tiene que haber proporción entre la infracción y la sanción”, señala Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid. Al diputado le sorprende que “todas las responsabilidades apunten a las empresas y ninguna a los funcionarios, altos cargos o políticos”.

La guerra entre asociaciones y Comunidad no es una cuestión menor. Los gremios señalan que, ante las elecciones regionales del año que viene, este tema pesará a la hora de decidir el voto.