Un empresario llevó al fiscal el ‘caso Yogui’ harto de pagar sobornos

La Operación Yogui, que investiga la presunta malversación de seis millones de euros en las obras del AVE en Barcelona, se puso en marcha hace más de un año, cuando un empresario decidió tirar de la manta. El hombre decidió contactar con la fiscalía harto, según fuentes judiciales, de pagar comisiones a funcionarios de Adif y cansado, también, de no cobrar por sus trabajos.

La empresa del denunciante se dedica al movimiento de tierras y fue subcontratista de la constructora Corsan en las obras del AVE. El denunciante pagó de su bolsillo la reforma de la casa de un trabajador de Corsan y sufragó, también, el viaje de uno de los detenidos —el jefe de obras Jaime G. G.— a las pistas de esquí de Aspen. El hombre pensaba que eran pagos a cargos de Corsan, pero no a funcionarios, según fuentes del caso.

La Guardia Civil ha detenido hoy martes a un décimo implicado en la trama, un cargo de la ingeniería Inocsa, perteneciente a Aecom, Juan Luis M., que se encargaba de supervisar la ejecución de las obras del AVE que realizaba Corsan, y que se encontraba en Arabia Saudí. Cinco de los detenidos ayer por la Guardia Civil en la trama de presunta malversación de caudales públicos en las obras del AVE, en el tramo de La Sagrera al Nudo de la Trinidad, han quedado hoy en libertad. Los sospechosos declararon ayer ante la Guardia Civil, y han sido puestos en libertad, a la espera de que sean citados por la titular del juzgado de instrucción numero 9 de Barcelona, Silvia López, según fuentes del caso. Los cinco implicados ocupaban puestos de escasa responsabilidad en la trama. 

El resto de detenidos, funcionarios de Adif, de la contratista Corsan y técnicos de la ingeniería Inocsa, está previsto que pasen mañana a disposición de la jueza instructora, que deberá decidir en qué situación quedan. Se les acusa de malversación, cohecho y falsificación documental.

Asimismo, varios agentes de la Guardia Civil destinados en Barcelona continúan desplazados en Madrid. Los registros tanto en la sede de Adif como en la de Corsan, en ambas ciudades, sirvieron para que los investigadores se incautasen de valiosa información, que ya está viajando a Barcelona, donde será analizada.

La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista.

Entre los nueve detenidos, el de mayor rango es Rafael R. G., que desde enero ejerce como director de proyectos y construcción de Adif, dependiente del Ministerio de Fomento. En la época de los hechos que se investigan, Rafael R. G. era el director de la línea noreste, es decir, del tramo de alta velocidad que discurre entre Barcelona y la frontera francesa. Su mano derecha era entonces, según la investigación, Jaime G. L., gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea, que también fue detenido.