Uralita deberá pagar 1,3 millones a 14 exempleados afectados por amianto

Las indemnizaciones oscilan entre los 6.550 y los 274.000 euros. Se reparten en función de las patologías que sufre cada víctima. El Juzgado de lo Social 8 de Sevilla ha condenado a la empresa Uralita a pagar 1,3 millones de euros a 14 extrabajadores de la antigua fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) que resultaron afectados por el amianto. Asimismo, el magistrado considera que otros 16 casos han prescrito. Esta sentencia es fruto del segundo juicio colectivo por la vía civil contra la empresa celebrado el pasado mes de febrero. Uralita ha anunciado que recurrirá la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La empresa asegura que “siempre” respetó la legislación vigente

Según precisa la abogada de los extrabajadores, María José González, la sentencia da un paso más allá con respecto a la del primer juicio —celebrado en junio y que afectaba a 26 exempleados—. “En esta ocasión, a la hora de cuantificar las indemnizaciones, el juez ha aplicado y contemplado un baremo similar al de las víctimas de accidentes de tráfico. Resulta raro, pero es el único criterio que existe en la legislación para este tipo de casos”, explica la abogada. En la primera sentencia, notificada en el mes de septiembre, el Juzgado de lo Social 5 de Sevilla condenaba a Uralita a pagar una indemnización de 350.000 euros y declaraba que la mitad de los casos habían prescritos. “La gran batalla es hacerle ver a los jueces que este tipo de casos no prescriben”, apunta el presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía, Antonio Delgado.

Y por este motivo, los exempleados —algunos fallecidos— también recurrirán ante el alto tribunal andaluz. “Aún tenemos que consultarlo con los compañeros, pero iremos al TSJA para que también reconozca el daño que el amianto ha causado a los otros 16 trabajadores”, explica Delgado. La mayoría de los demandantes sufre asbestosis —enfermedad pulmonar crónica por la inhalación repetida de amianto— o un cáncer conocido como mesotelioma. “Estamos convencidos de que el TSJA reconocerá gran parte de estos casos”, afirma la abogada. “Estas enfermedades tienen una latencia de años entre la exposición al amianto y su desarrollo. Pueden transcurrir hasta 40 años. En qué minuto sitúan los jueces su aparición para que digan que han prescrito”, añade el presidente del colectivo, tras recordar que desde 2005 está prohibido en la comunidad el uso del amianto. En este segundo juicio, los afectados reclamaban 4,2 millones de euros de indemnización.

“Nadie les explicó la peligroso que era trabajar con esa sustancia”

Como argumentos, la defensa de los empleados asegura que Uralita “no adoptó suficientes medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de esa sustancia y las que se adoptaron fueron absolutamente ineficaces y muy tardías”. “La formación que tenían era nula. Nadie les explicó lo peligroso que era trabajar con esta sustancia”, afirma Delgado. A través de un comunicado, Uralita recordó ayer que la sentencia da por prescritos “más de la mitad de lo casos presentados” y anunció que la recurrirá ante el TSJA. En su defensa, señaló que “siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto”.

En este sentido, la empresa ya recordó cuando se celebró el primer juicio que, en 1977, “adoptó voluntariamente diversas medidas, cinco años antes de que entrara en vigor la ley española de 1982 y seis años antes de las recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo”. Es por eso, que la empresa confía en que, en última instancia, el alto tribunal andaluz “estime la prescripción de otros casos” que la empresa entiende “también estarían prescritos, así como una disminución de las cantidades a pagar”, informó Europa Press. “Por suerte, los jueces ya no discuten la relación causa-efecto, ya lo cuestionan menos. El amianto mata”, apunta el presidente de la asociación.