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Un informe cifra en 66 millones las ‘sobrecomisiones’ pagadas en los ERE

El Ministerio de Economía detecta irregularidades en los expedientes de la Junta

Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla.
Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla.

La Dirección General de Seguros ya ha entregado a la juez Mercedes Alaya el informe que le encargó sobre las sobrecomisiones que cobraron las mediadoras de los ERE financiados por la Junta de Andalucía. Según el organismo dependiente del Ministerio de Economía, las consultoras Uniter y Vitalia se repartieron 66 millones de euros en comisiones que estaban por encima del mercado por la tramitación de las pólizas de seguro vinculadas a los expedientes de regulación de empleo. Pero además de excesivos, según el escrito enviado a la juez que investiga el fraude de los ERE, los pagos estuvieron plagados de irregularidades, como el abono de comisiones a varios mediadores por una misma póliza o los aportes realizados sin que conste un contrato.

El pago de comisiones a las empresas que intervienen en la tramitación de un ERE es una práctica habitual. Pero si la media del mercado de estas aportaciones ronda el 2%, la Consejería andaluza de Empleo pagó durante años a las entidades mediadoras hasta el 20% del coste del expediente.

Estos abonos se hacían a través de las aseguradoras y la Junta los asumía entonces como imprescindibles para culminar los ERE, aunque el Gobierno andaluz los eliminó cuando saltó la investigación de Alaya que considera estas sobrecomisiones una pata esencial del fraude.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía sostiene que no hay nada en los expedientes analizados que justifique la necesidad o la conveniencia de suscribir las pólizas de seguro con la participación de mediadores y concluye que la intervención de estas empresas “ha encarecido innecesariamente” el coste de los ERE pagados por la Junta.

El Gobierno andaluz tampoco ha podido justificar, según el escrito, los criterios que siguió para elegir a las aseguradoras y a las mediadoras con las que trabajaba, que fueron designadas a dedo sin que mediara un procedimiento de concurrencia competitiva a la que pudieran presentarse otras empresas.

La cifra a la que llega la Dirección General de Seguros es algo inferior, pero muy similar, a la que plasmaron los auditores de la Cámara de Cuentas en su informe sobre el caso ERE, en el que fijaron en 68 millones las sobrecomisiones cobradas por Vitalia y Uniter. La Guardia Civil, por su parte, consideró que el dinero abonado de más a las consultoras rondaba los 50 millones. Con la suma de esa cifra, las ayudas a empresas (73,8 millones) y el dinero abonado a los llamados intrusos (personas que cobraron una prejubilación de empresas en las que no trabajaron) el montante del fraude ascendía a 136 millones. Con la cifra aportada ahora por la Dirección General de Seguros se incrementa en 16 millones, por lo que el fraude ascendería a 152 millones de euros.

El documento remitido a la juez Alaya apunta pagos innecesarios

Según el informe de la Dirección General de Seguros, en los expedientes que presentan comisiones superiores a la media del mercado el “exceso” cobrado por varias entidades vinculadas al grupo Uniter asciende a 29.804.937 euros, mientras que las empresas de Vitalia se embolsaron 36.228.300 euros. La juez Alaya envió a prisión a la cúpula de ambas entidades tras tomarles declaración, aunque ya solo permanece encarcelado el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual.

La contabilidad de Uniter muestra, según el escrito remitido a la juez, que la actividad de mediación de esta consultora se centraba “casi exclusivamente” en los ERE financiados por la Junta. “Dentro de esta actividad”, añade el escrito, “se observa una intensa actividad irregular con entidades vinculadas (Ingotor y Cureña) y una intensa actividad atípica con terceros prestadores de servicios ajena a la actividad normal de un agente de seguros exclusivo”. En el caso de Vitalia la documentación contable remitida por la juez “es menos descriptiva”, por lo que la dirección general no ha podido analizar con tanto detalle su actividad, pero el informe sí advierte de que medió en varias pólizas suscritas por empresas del grupo Fortia que no tenían permiso para operar fuera de Cataluña. En estos casos, Vitalia actuó “irregularmente” como correduría de seguros.

El informe llama también la atención sobre el hecho de que la comisión de los agentes no fuera establecida por las aseguradoras, como se hace habitualmente, sino que eran los propios mediadores los que fijaban su minuta con precios por encima de mercado.