El Sergas duplica puestos de trabajo al privatizar sus servicios técnicos

La única incubadora con respirador del Hospital de Valdeorras se estropeó en enero y durante una semana las parturientas tuvieron que desplazarse a Ourense, alguna con gran despliegue médico. En Santiago una máquina de diálisis reparada con piezas no originales se quemó mientras se atendía a un paciente. En Lugo la avería de un equipo de Rayos X retrasó durante diez días cientos de citas. La lista de problemas en el equipamiento médico eléctrico del Sergas sigue en aumento, según denunció ayer la CIG.

Hasta el pasado mes de julio el mantenimiento y supervisión de los equipos de electromedicina de la mayoría de los hospitales de Galicia corría a cargo de una treintena de electricistas especializados del Sergas. Sanidade entregó entonces el servicio a la empresa Iberman SA por tres años a cambio de 25 millones de euros. Así que el Sergas reconvirtió a sus técnicos de plantilla en electricistas comunes lo que, en la práctica, les redujo carga de trabajo. Sus anteriores tareas de mantenimiento y reparación menor —las grandes averías se remiten a cada fabricante— las hacen ahora los empleados de la adjudicataria. Pero según critica Xermán Rouco, representante de CIG-Saúde en Pontevedra, ni cubren presencialmente las 24 horas del día, como exigía el concurso, ni cuentan con preparación adecuada, ya que “el único personal que conoce ese tipo de aparatos son los técnicos de las casas que los fabrican o los del Sergas, formados para ello y con años de experiencia”. Esos trabajadores seguirán cobrando por realizar tareas menos cualificadas hasta que se jubilen o dejen voluntariamente el Sergas, cuando sus plazas serán amortizadas. Mientras, donde antes había un trabajador público, ahora hay uno privado y otro público infrautilizado.

Xosé Vázquez, representante sindical en Lugo, critica que parte de los retrasos en las averías se deben a “discusiones sobre qué empresa es competente”, dándose el caso de que la reparación de un equipo de Rayos X se demoró diez días hasta que un técnico del fabricante, no de Iberman SA, “lo arregló en dos horas, como lo habría hecho el técnico del Sergas”. Mientras, los pacientes, asegura Vázquez, “fueron derivados a centros privados”.

El caso de la electromedicina no es el único en el que el Sergas ha encargado a una empresa tareas que venían ejerciendo trabajadores públicos ahora desplazados o infrautilizados. La secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, también recuerda, entre otras, la externalización del mantenimiento eléctrico general, que ahora corre por cuenta de las empresas que suministran la electricidad. Igualmente, tanto en el complejo hospitalario de Ourense como en el futuro de Vigo se ha decidido privatizar en contratos de “gestión integral” determinadas tareas que antes realizaban empleados públicos.

El director de Recursos Económicos del Sergas, Pablo Torres, argumentó hace unos meses en el Parlamento que la privatización de electromedicina, como otros contratos “centralizados”, permitió “homogeneizar” reparaciones ya antes externalizadas que dependían de “cientos de empresas”, lo que según sus cuentas permite al Sergas ahorrar dos millones al año. Nada dijo sobre los técnicos que antes supervisaban ese proceso y que ahora están infrautilizados. Sanidade tampoco quiso ayer contestar a las denuncias de la CIG ni a las preguntas de este diario sobre el coste que siguen suponiendo para el Sergas los empleados públicos que ya no cumplen el cometido para el que fueron formados.

El ostracismo de los técnicos en electromedicina es el que en la CIG temen que espera también a los 167 trabajadores públicos que esterilizan el material médico en toda Galicia. Su futuro está en el aire desde que Sanidade anunció el 2 de enero en el Diario Oficial de la Unión Europea su intención de privatizar por 160 millones de euros el “servicio de gestión integral del proceso de esterilización del material necesario para el desarrollo de la actividad asistencial”. Entonces la Xunta avanzó su deseo de iniciar la licitación del contrato el pasado 1 de marzo, pero nada se ha vuelto a saber de él. Coordinadores de las unidades de esterilización y jefes de Medicina Preventiva le enviaron una carta a la conselleira, Rocío Mosquera, pidiéndole que paralizase la privatización, pero Sanidade no aclara el futuro de este servicio. La CIG sospecha que el retraso se debe a la proximidad de las elecciones europeas y que el concurso se convocará en verano, “al despiste”.