Puig estima que el Estado reducirá hasta en un 10% los fondos para ocupación

El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha estimado hoy que los fondos para políticas activas de ocupación que los presupuestos generales del Estado destinan a las autonomías se reducirán este año entre un 8% y un 10%. Habitualmente, la cuantía se conoce tras la celebración de una Conferencia Sectorial en Madrid en la que participan representantes del ministerio y de las comunidades autónomas. En los últimos años, los fondos no han llegado hasta las últimas semanas del año.

Puig ha recordado, durante una interpelación parlamentaria, que esta reducción por parte del Estado "se suma a los recortes de casi el 60% mantenidos durante 2011 y 2012". El titular de ocupación también ha revelado que la suma de las partidas que la Generalitat ha destinado entre 2013 y este año a la ocupación de los colectivos en riesgo de exclusión social ha sido de 147,7 millones de euros.

Esta cifra es el resultado de la suma de tres partidas distintas: la primera, las convocatorias del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) para colectivos con dificultades especiales para encontrar empleo, partida a la que se destinaron 65,4 millones de euros; los 73,9 millones de euros que se dedicaron al sistema de protección y fomento del empleo de personas con discapacidad y, finalmente, los 8,4 millones destinados a que las personas en riesgo de exclusión social encontrasen trabajo.

Puig ha asegurado que, a pesar de la reducción de fondos por parte del Estado, el 56,7% del gasto de su departamento para este año se destinará a políticas activas de ocupación, inserción en empresas y Renta Mínima de Inserción (RMI), programa que cuenta con una partida de 173 millones de euros y, según previsiones de la conselleria, tendrá 27.000 beneficiarios este año.

El programa de ocupabilidad del SOC contaba con 445 millones de euros en 2012, que en los presupuestos de este año descendieron hasta 247 millones (un 45% menos de presupuesto, en el que se contemplan los 147 millones que el Estado no ha transferido).

Respecto a la posible privatización del servicio público de empleo catalán, Puig ha aseverado que "se está estudiando la manera de establecer un mecanismo de colaboración con todos los actores, también con las agencias de colocación, para intermediar de forma más eficaz".