Contratos (públicos y caros) a la carta

Cuando los negocios se convierten en pelotazos siempre hay un tercero que acaba pagando la factura. A los vecinos de Vitoria el alquiler de las oficinas de San Antonio, las polémicas instalaciones propiedad del empresario de Miranda de Ebro, Gonzalo Antón, —que el Ayuntamiento del entonces alcalde Alfonso Alonso alquiló a mejor precio que el que recomendaban los servicios municipales, y por el doble de años que pedía la propiedad—, les va a costar 7,6 millones hasta 2027 cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese.

Las conclusiones de la comisión de investigación que impulsaron los grupos de la oposición, dejan abierta la posibilidad de que en el pleno municipal en el que se eleven a definitivas, se acaben por remitir a la Fiscalía las irregularidades detectadas, aunque si finalmente no sucede, no será porque la negociación haya sido transparente.

Los resultados de esa comisión han dejado en evidencia que hay zonas oscuras en la materialización de ese contrato que firmó el ayuntamiento dirigido entonces por Alfonso Alonso con el director del restaurante Zaldiaran, —y ex presidente del Deportivo Alavés— en 2006 y 2007, y que esas zonas oscuras alumbran serias dudas sobre una presunta relación entre ambos para beneficiar, de momento, al segundo.

La manera de negociar el contrato a través de email, la fijación de los precios y las condiciones, al margen de las sugerencias de los propios técnicos del Ayuntamiento, la falta de concurrencia de otras empresas con otros locales, y las contradicciones en las que incurrió el ex alcalde Alfonso Alonso con el que entonces era su concejal de Hacienda, el ahora alcalde Javier Maroto y el exdirector de Hacienda Iñaki Díez Unzueta, son inquietantes.

Antón compró la lonja de San Antonio en enero de 2006 por 2,7 millones de euros, y a finales de ese mismo año comenzaron las negociaciones con la Diputación y el Ayuntamiento, aunque no existe constancia documental de ello. El primer correo electrónico entre la propiedad y el Ayuntamiento es de finales de noviembre de 2006. Ambas partes se intercambiaban ya el borrador del contrato de alquiler, sin que los técnicos municipales hubieran fijado un precio. “No hemos recibido la valoración municipal del local, pero te envío el texto modificado para no retrasar más las cosas”, cita un correo electrónico que fue desde el Ayuntamiento hasta los propietarios.

La Junta de Portavoces se reúne este lunes para hablar de la comisión de investigación

Lejos de utilizar uno de los modelos de contrato de la administración, con la salvedad de los plazos y las cuotas, las dos partes van moldeando poco a poco las condiciones hasta garantizar que se cumple la demanda de la propiedad y algunas cosas más y acaban confeccionando un contrato a la carta, demasiado caro para los vitorianos.

Tras las vacaciones de Navidad, el 23 de enero la propiedad escribe al Ayuntamiento: “Adjunto cuadro con unas pequeñas modificaciones para que el total se aproxime a la propuesta inicial (6,1 millones). He incrementado unos diez mil euros” en los ejercicios que van del tercero al sexto.

En febrero de 2007, Alfonso Alonso estampó su firma en nombre del Ayuntamiento con un precio final de alquiler en el periodo de 20 años —cuando la petición inicial de la propiedad era diez— de 7,6 millones de euros —6 millones de euros en el alquiler y 1,6 millones de euros por las obras de acondicionamiento— que costeó, religiosamente, el presupuesto público. Es decir, había un precio de la operación pactado, al margen del mercado. El problema se limitaba a ajustar las cuotas para que tuviera apariencia de ajustado al mercado.

Justo antes de la firma, dos de los últimos correos revelan a la perfección esa situación. Si la firma fue en febrero, el 24 de enero de 2007, la propiedad escribió un tanto alarmada al Ayuntamiento. La propuesta que había recibido del Ayuntamiento incorporaba subidas anuales de entre tres y nueve puntos sobre el IPC. Al ayuntamiento no le valía la propuesta de la propiedad porque comenzaba con mensualidades de 18.500 euros IVA aparte, cuando los técnicos habían emitido un informe que desaconsejaba pagar más de 10.100 euros mensuales. El muñidor del acuerdo desde la institución tiró por la calle de enfrente: empezamos con mensualidades más pequeñas y luego tres o cuatro años después, actualizamos con IPC más seis puntos, más siete y más nueve durante varios años. Y así lo hicieron. El primer alquiler sería de 12.500 euros, IVA aparte, más cerca de los 10.100 recomendados.

“Al objeto de que los aumentos porcentuales que se originan queden justificados”, escribe la propiedad al Ayuntamiento de Vitoria al ver que las subidas del alquiler anual eran brutales, “creemos se debe incluir una cláusula en la que se indique que los mismos son a petición, o propuesta, del Ayuntamiento”.

Apenas una semana después, y una vez ajustado el asunto, el 3 de febrero de 2007, la empresa, otra vez, le pide al Ayuntamiento que no se confunda con los colores al redactar el contrato final: “Adjunto archivo con las modificaciones que te comentaba en el email que te remití ayer. En color rojo lo que se debe quitar, y en color azul lo que debe figurar. El resto del contrato está bien”.

Seis años después, en medio de la comisión de investigación Javier Maroto ya alcalde, decidió renegociar las condiciones del contrato. Ahora los vitorianos no pagarán los 7,6 millones por el alquiler de una lonja que al empresario y ex presidente del Deportivo Alavés que llevó el club hasta la final europea contra el Liverpool, le costó 2,7 millones, pagará seis.

Al Ayuntamiento de Vitoria, ese local, que no era estrictamente necesario, y que no se estudió junto a otros para elegir el mejor y pagar el mejor precio, le va a salir carísimo por el blindaje de los 20 años de contrato. Un blindaje controvertido que nadie se explica pero del que nadie en concreto se hace responsable. El ex alcalde Alfonso Alonso y ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados se negó a declarar de forma presencial en la comisión de investigación. Prefirió responder por escrito a un cuestionario. Según dijo él no estaba al tanto de las negociaciones. Su equipo de entonces dice que si.

Cuando al exdirector de Hacienda Iñaki Díez Unzueta, que firmó varios informes —en contra de sus técnicos— justificando la necesidad del local, el elevado precio, y la falta de concurrencia porque no había otro de esas características, le preguntaron si iba por libre al tomar esas decisiones, él dijo que no: “En todo lo relacionado con este asunto hablaba con el alcalde”. El propio Maroto remató la faena durante las comparecencias al declarar que ese asunto “era un encargo suyo”.

Hoy mismo está prevista la reunión de la Junta de Portavoces para hablar de la comisión de investigación, y de la fecha del pleno en el que se elevarán a definitivas las conclusiones del dictamen. El pleno podría celebrarse el jueves. Sólo el cambio de criterio del PSE podría hacer que acabe en manos del fiscal para que investigue el eventual pacto previo y la relación entre los gestores de aquel contrato que nació, todo apunta a ello, con un precio total de la operación fijado de antemano.