Mas se apoya en el Constitucional para seguir con la consulta soberanista

La Generalitat recibió como un agravio la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la declaración de soberanía del Parlamento catalán. Pero la tesis del Ejecutivo ha cambiado. Ayer, en la primera reunión del Gobierno de Artur Mas tras el fallo, la Generalitat exhibió un cierto triunfalismo con la sentencia: pese a que discrepa de que el TC entre a valorar una declaración política, Mas cree que las conclusiones de los magistrados le arman de argumentos para convocar la consulta independentista el próximo 9 de noviembre.

El Gobierno de Mas se valió de un informe hecho por sus juristas para asegurar que el fallo es un aval al proceso soberanista: “Es posible organizar una consulta de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y esta argumentación, desde la perspectiva del Gobierno, nos será de utilidad para organizarla el 9 de noviembre”, aseveró el consejero de Presidencia del Gobierno catalán, Francesc Homs. La Generalitat viene defendiendo en los últimos meses que el encaje legal de la consulta no es ningún problema jurídico, sino político, por la negativa del Gobierno y de los dos grandes partidos a tolerar una votación soberanista. Por ello ve en el fallo del TC la confirmación de su tesis.

La sentencia del TC anula por inconstitucional la alusión al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”, base de la declaración que hizo el Parlamento catalán el 23 de enero de 2013. Los magistrados, que aprobaron el fallo por unanimidad, añadieron que el derecho a la autodeterminación no cabe en la actual Constitución. Sin embargo, avalaron el concepto de “derecho a decidir”, eufemismo que la Generalitat utiliza para hablar de la consulta, siempre que se entienda “como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”, según el fallo.

El Ejecutivo catalán modifica su criterio ante el fallo y exhibe ahora triunfalismo

La primera reacción a la sentencia fue furibunda, hasta el punto de que el presidente parlamentario de CiU, Jordi Turull, llegó a acusar a algunos magistrados de “agitadores de la catalanofobia”. Pero el tiempo y la lectura pausada del fallo han hecho cambiar de opinión a la Generalitat. El Gobierno catalán encargó al Instituto de Estudios Autonómicos (liderado por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del TC y también presidente del Consejo Asesor de la Transición Nacional) un informe sobre el fallo. El documento sostiene que el TC avala el derecho a decidir, pero lanza una advertencia: la consulta solo puede tener encaje en la Ley Fundamental si se entiende como un paso previo a reformar la Constitución. “La sentencia reconoce la legitimidad constitucional de todas las actividades de preparación y defensa del derecho a decidir el futuro político de Cataluña, incluida la convocatoria y celebración de una consulta o un referéndum no vinculante”, opinan los juristas, que apuntan los límites: “Siempre que quede patente, de manera explícita o tácita pero clara por el contexto en el que se inserta, que si sus resultados divergen de los contenidos de la Constitución, mediante el diálogo y la negociación se intentarán aplicar en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”, concluye el texto.

Homs matizó el informe de los propios juristas de la Generalitat y evitó cualquier referencia a la Constitución. El portavoz avisó de que las preguntas de la consulta (¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que sea independiente?) no se tocarán para buscar encaje constitucional. Según expuso, para la Generalitat lo importante no es que la consulta sea vinculante, sino que sea legal y pueda celebrarse. “Más allá del debate jurídico, es evidente que si hay una consulta y la gente vota independencia esto tiene una legitimación democrática que sitúa las cosas en un punto de no retorno”, expuso Homs.

Por esta razón, según Homs, el Gobierno central no está dispuesto a tolerar ningún tipo de consulta soberanista. El consejero, siguiendo el tono triunfalista que exhibió en toda su comparecencia, consideró que el fallo es un “varapalo” al Gobierno. “Sus pretensiones se han derretido como un terrón de azúcar en leche caliente”, ilustró.

CiU, Esquerra e Iniciativa utilizarán la sentencia del Constitucional en la sesión del Congreso de los Diputados del próximo día 8, en el que se debatirá la cesión de la competencia para celebrar referéndums al Parlamento catalán. La delegación catalana defenderá que solo falta voluntad política para que Cataluña pueda convocar un referéndum independentista. En la Cámara baja no estará Artur Mas, pero sí Homs y prácticamente la mitad de los parlamentarios catalanes.

Si el Congreso rechaza, como todo indica, la cesión de la competencia, el Parlamento volverá a la carga con la aprobación de la Ley de Consultas, prevista para septiembre. El texto debe dar amparo legal a la consulta —su aprobación coincidirá con la convocatoria del referéndum— y la Generalitat espera que el TC “siga con su criterio” y no la tumbe en caso de impugnación.

La interpretación positiva que la Generalitat hace de la sentencia del TC no evita que el informe también critique a los magistrados por su intromisión en una declaración del Parlamento autonómico. Los expertos de la Generalitat creen que la sentencia tiene elementos “inconsistentes” e incluye “esfuerzos argumentales débiles y contradictorios”.