Juristas creen una “barbarie” la manera de denegar ayudas a víctimas de los GAL

El Gobierno central ha cometido, según expertos jurístas vascos, una "barbarie", una "violación" y un "vaciamiento de contenidos constitucionales básicos" al denegar indemnizaciones a víctimas de los GAL o del Batallón Basco Español por entender a través de "meros" informes policiales que participaron en ETA o realizaron actos de delincuencia. El catedrático de Derecho Ignacio Muñagorri la doctora en Derecho Penal Ana Pérez, ambos del Instituto vasco de Criminología, han comparecido en el Parlamento para explicar el informe que han realizado para el Gobierno vasco sobre el encaje jurídico que tienen las resoluciones denegatorias de ayudas a estas víctimas.

"Nos hemos quedado perplejos pero también horrorizados cuando hemos empezado a analizar los recursos", ha asegurado Muñagorri, cuyo informe ha sido enviado por el Gobierno al Parlamento a principios de marzo. Muñagorri ha relatado a los grupos parlamentarios que en las resoluciones se habla del convenio europeo de indemnizaciones a víctimas, creado en 1983 y asumido por España en 2001. Las denegaciones están basadas una reforma legal de 2012 que, según el catedrático, debiera haber tenido carácter de ley orgánica, habla de que negará las indemnizaciones cuando la víctima ha participado en delincuencia organizada o pertenece a una organización que perpetra delitos violentos. La aplicación de esta previsión que ha realizado el Ministerio del Interior es, a su juicio, "violentadora de derechos fundamentales".

En las resoluciones que ambos expertos juristas han analizado -son una docena-, la denegación argumentada con esas dos excepciones se basa en la "mera" justificación de informes de la Guardia Civil y no en sentencias firmes. "Entendemos que no es posible legalmente que en un expediente administrativo se puedan determinar delitos", ha zanjado. Muñagorri ha asegurado a los parlamentarios que "coincide" con la previsión de evitar las indemnizaciones a estas víctimas en caso de que se constate judicialmente, vía sentencia firme, este extremo, pero ha asegurado que no es el caso.

El catedrático ha señalado que el criterio que está siguiendo el Gobierno central es "claramente contrario a la tutela judicial, el principio de inocencia, el principio procesal y la división de poderes". Asimismo, ha señalado que es "insólito" que se hable de evitar la parte judicial, ha hablado de que con las resoluciones se pone en práctica una "especie de deslocalización" y un "vaciamiento de garantías". Por todo ello, ha indicado que "esto se resolverá en sede judicial".

Solo el parlamentario del PP, Carmelo Barrio, ha defendido las resoluciones del Gobierno central, a lo que Muñagorri, que fue su profesor de Derecho Penal como ambos han recordado en sus intervenciones, ha respondido asegurando que si él hubiese defendido la argumentación jurídica que se ha realizado por parte del Ministerio del Interior en estas ersoluciones "me hubiesen echado de clase a patadas"