Encierro vecinal en Punxín por el agua envenenada que destapó la Pokémon

Los vecinos de Punxín (Ourense) ya no saben qué hacer para que les hagan caso. Ni el gobierno local ni la Xunta han aportado solución alguna contra el agua contaminada por la que pagan un precio desorbitado. Y ayer optaron por encerrarse en el Ayuntamiento. Ancianas de 88 años, abuelos con bastón, amas de casa indignadas o jóvenes residentes en el municipio se atrincheraron en el edificio, tras un pleno municipal en el que el alcalde y los tres concejales del PP rechazaron una iniciativa que proponía modificar el disparatado precio. En 2010, gobernando el PSdeG, el servicio fue privatizado y entregado a Aquagest, que inmediatamente triplicó el importe de las facturas que reciben en sus buzones. Agua a precio de oro líquido que no pueden utilizar porque está contaminada con arsénico producido de forma natural y que provoca cáncer si se consume durante varios lustros. Las autoridades sanitarias prohibieron su consumo hace menos de un año en tres núcleos de población.

“Vosotros sois los que habéis jodido al pueblo”, espetó uno de los portavoces vecinales a los populares durante del debate. “Nosotros queremos agua a un precio justo y en condiciones. El alcalde tiene que ser una persona decente que nos defienda”, insistió. Pero Manuel Vázquez miró para otro lado ante la argumentación hilada por cuatro vecinos que apoyaron su propuesta con dos maletas repletas de documentación. La votación se produjo entre las surrealistas quejas de un concejal del PP que, tras dos horas de sesión, proclamó en voz alta que “quería irse a comer de una vez”. El Ayuntamiento tuvo que rescatar el servicio porque Aquagest abandonó la concesión en medio del escándalo del arsénico que envenena sus vidas. Sin embargo, el alcalde mantuvo los desorbitados precios impuestos por la empresa. El servicio costaba 38.800 euros al año antes de la privatización. Después se disparó hasta los 107.000 euros. El gobierno local no acepta la propuesta vecinal que rebaja a la mitad los 98.000 euros anuales presupuestados para 2014. Y los vecinos denuncian que con el dinero extra “se adjudican servicios a empresas de familiares del PP”. Tampoco hay solución contra el arsénico. Nadie puede beber de las fuentes públicas o de los grifos de sus casas, así que los afectados sobreviven día tras días con garrafas que les reparten un día a la semana.

“Hacemos noche si hace falta. No hay problema ninguno”, afirmaron ayer varias mujeres confinadas en el salón de plenos con rosquillas y bocadillos de chorizo. “Traemos botas para no pasar frío”, decían sonrientes. Permanecerán allí por turnos hasta que alguien atienda su reclamación o la Guardia Civil los eche. Algunos agentes controlaban los accesos, aunque no tenían órdenes de actuar. Pero el primer intento de intermediación cayó en saco roto. La delegación de la Xunta en Ourense les comunicó que el delegado, Rogelio Martínez, no les atendería “porque estaba de viaje”. Sí respondió al teléfono y prometió interesarse por lo sucedido el diputado del PP, Celso Delgado. Los vecinos quieren agua sin veneno. Pero también reclaman medidas tras las irregularidades destapadas por la Operación Pokémon. Según informes de la Guardia Civil incorporados a la instrucción, Aquagest cometió un presunto delito contra la salud pública al servirles “a sabiendas agua contaminada”. Vigilancia Aduanera atribuye supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias al exalcalde socialista, Alfredo Cruz, que privatizó el agua en un proceso irregular.