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OPINIÓN

Espíritu y letra de la Constitución

Con la nueva jurisprudencia, los catalanes ya no votarían masivamente la Constitución como hicieron en 1978

Con la fatídica sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Constitución española de 1978 quedó herida de muerte. La sentencia dejó intacta la letra de la Constitución, pero le dio un sesgo interpretativo que chocaba frontalmente con las aspiraciones de autogobierno de una nacionalidad histórica que el compromiso constitucional de 1978 quiso garantizar. No se trata aquí de defender en detalle el nuevo Estatuto catalán, cuya elaboración dejó mucho que desear, sino del principio democrático y constitucional por el cual fue elaborado.

Lo que aprobó el pueblo de Cataluña, y luego fue enmendado por un tribunal cuya composición estuvo a todas luces altamente politizada, no era ya el Estatuto del Parlamento de Cataluña, sino el Estatuto aprobado por las Cortes Generales de toda España. Es decir, aquello que enmendó el Tribunal Constitucional fue el acuerdo democrático entre los representantes de la voluntad general de los ciudadanos de Cataluña, que definieron sus aspiraciones de autogobierno dentro de lo que entendieron ser una interpretación generosa de la Constitución, y los representantes de la voluntad general de pueblo español en su conjunto, que limitaron las aspiraciones de los catalanes de acuerdo con lo que entendieron ser una interpretación más ajustada de la Constitución.

La sentencia dejó intacta la letra de la Constitución, pero le dio un sesgo interpretativo 

Pero ello no bastó a la oposición representada por el PP. Con la sentencia, el proceso terminó generando un modelo de autogobierno no deseado en Cataluña, por demasiado limitado, y terminó además con una nueva Constitución —vieja en la letra, nueva en el espíritu— tampoco deseada en Cataluña, por demasiado restrictiva. Con la nueva jurisprudencia, los ciudadanos de Cataluña ya no votarían masivamente la Constitución que tenemos, tal como lo hicieron en 1978, porque ya no la pueden identificar con sus sentimientos democráticos (vulnerados por el hecho de que el texto sometido a su referendo fuese posteriormente enmendado), y tampoco con sus aspiraciones de autogobierno, que ven seriamente amenazadas.

El crecimiento espectacular del independentismo en Cataluña tiene varias causas, algunas que vienen de muy lejos (el deseo de autogobierno de los catalanes tiene muchos siglos de recorrido ) y otras que son más coyunturales (como la crisis económica que estamos sufriendo), pero de todas ellas la más decisiva es el desencanto progresivo por parte de la mayoría de la sociedad catalana con el sistema autonómico como modelo capaz de garantizar un autogobierno efectivo, tanto en su capacidad legislativa como en su financiación.

El choque entre el deseo de votar su independencia (o no) por parte de la mayoría de sus ciudadanos, y el principio de unidad del Estado consagrado por la legalidad constitucional, solo tiene tres salidas lógicas. La primera, aparentemente sencilla, es someter la cuestión a referéndum, como se hace ahora en Escocia o se hizo en Quebec, y atenerse a los deseos de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Sin embargo, esta opción, aunque tiene un claro componente democrático, supera claramente el ordenamiento constitucional y requeriría una legislación extraordinaria.

Más decisivo es que, en España en su conjunto, no existe voluntad política para ello. Que en España sea imposible aquello que se puede hacer en el Reino Unido exigiría más páginas de las que dispongo, pero baste decir que, más allá de la cuestión legal, más allá de la probabilidad de que hoy ganara un sí a la independencia, e incluso más allá del cálculo económico subyacente (que es un aspecto muy a tener en cuenta cuando comparamos con el caso británico), la cuestión de fondo es el esencialismo del imaginario político en España. En esto, nacionalismo español y nacionalismo catalán se parecen mucho.

Lo que se ha llamado tercera vía, la vía del compromiso, no es más que la primera vía, la que hizo posible la transición

La segunda salida consiste en relegitimar la Constitución con una reforma que pueda satisfacer el deseo de autogobierno de Cataluña sin amenazar la unidad del Estado. Hay opciones federales sobre la mesa, que faltaría concretar para poder valorar, pero también se puede explorar la vía del fuero especial, por el cual no faltan ni ejemplos en el ordenamiento constitucional, como Navarra o el País Vasco, ni predecentes históricos en Cataluña, desde el estatuto de la Segunda República hasta la antigua aspiración del catalanismo político de recuperar algo del espíritu confederal de la Corona de Aragón (estos precedentes de hecho ya estuvieron presentes en la restauración de la Generalitat, que es previa a la Constitución de 1978). Lo que se ha llamado tercera vía, la vía del compromiso, no es por lo tanto más que la primera vía, la que hizo posible la transición.

La tercera salida lógica, la peor de todas, es imponer el principio de autoridad legal sobre la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña sin ofrecer ninguna concesión o compromiso. Y digo que es la peor porque, tarde o temprano, nos lleva irremediablemente a un uso de la autoridad del Estado, y eventualmente de su fuerza coactiva, contra las instituciones autonómicas. Parece claro que esta posibilidad ya está en mente de algunos, que quizás incluso la desean y solo esperan la ocasión para ello.

Joan-Pau Rubiés es profesor de Investigación ICREA en la Universitat Pompeu Fabra.