La Generalitat pagará a las agencias privadas 600 euros por parado colocado

Tras años de anunciarlo, la Generalitat sacará la primera convocatoria de la privatización del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC en sus siglas en catalán) a primeros de abril. Será entonces cuando tiene previsto licitar convenios por 1,9 millones de euros para que agencias de colocación y ETT encuentren trabajo para 10.000 personas. El desglose de los casi dos millones es de 40 euros por parado atendido en concepto de gastos de tramitación y 600 por desempleado a quien encuentren un trabajo de por lo menos seis meses. Lo explica el presidente de la patronal catalana de las agencias de colocación ACACER, Àngel Buxó, que precisa que la previsión de la Generalitat es que de las 10.000 personas, los privados encuentren trabajo a una cuarta parte. Los asociados de ACACER son desde agencias de colocación hasta cooperativas de padres de personas con discapacidad y algunos servicios locales.

Los perfiles de parados que la Generalitat traspasará a los privados son los llamados “ocupables”, personas que llevan entre seis meses y un año en paro pero no necesiten formación. De acuerdo a las conversaciones entre el SOC y las agencias, la convocatoria saldrá para toda Cataluña: se escogerán las oficinas que tengan entre 100 y 300 parados de este perfil y se elegirán y repartirán los perfiles entre las empresas privadas de colocación por proximidad. En grandes ciudades como Barcelona, donde hay más agencias, el SOC elegirá a las que hayan demostrado mayor actividad.

Empleo pagará 40 euros fijos por caso atendido se logre o no ocuparlo

El presidente de ACACER celebra haber arrancado a la Generalitat el compromiso de que les paguen los gastos fijos, los 40 euros por persona atendida, logren insertarla laboralmente o no. De ahí que la partida de la primera convocatoria de la privatización haya pasado de 1,5 millones anunciados en noviembre, a 1,9. Sobre si pagar 600 euros por contrato conseguido es una cifra adecuada, Buxó explica que “dependerá mucho de los perfiles que lleguen”. “Tanto para el SOC como para nosotros será la primera experiencia, será un test”, apunta.

“En cualquier caso, significa la luz al final del túnel”, celebra Buxó. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero obligó en 2010 a las empresas de colocación y de trabajo temporal a cumplir determinados requisitos e inscribirse en un registro público con el objetivo de firmar convenios de apoyo a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. ACACER lleva años de espera lamentando que mientras ellos hicieron los deberes, la administración no les encargaba trabajo. “Hace cuatro años que trabajamos gratis para la Administración, con los informes que debemos enviarles", recuerda Buxó.

Un portavoz del Departamento de Empresa y Empleo, por su parte, dijo que “no hay novedades respecto a los convenios con las agencias de colocación; quizá la haya la próxima semana”.

El pasado septiembre, las agencias de la asociación catalana se quejaron de que el Gobierno catalán no se sumara al acuerdo Marco del Gobierno español con las empresas para insertar parados, una negativa que el Ejecutivo de CiU justificó por cuestiones competenciales. Entonces la ACACER aseguró que la renuncia comportaba no disponer de 11,5 millones.

El convenio llegará coincidiendo con al nombramiento de Olga Campany como directora del SOC el pasado viernes, en sustitución de Joan Aregio. Campany, es la tercera directora del servicio de empleo en las dos legislaturas de CiU en el Gobierno catalán tras Aregio y Esther Sànchez.

Pese al mandato parlamentario de comenzar a tramitarla antes del fin de 2013, lo que sigue estando pendiente es la reforma del SOC, vía una nueva ley. En octubre pasado, los responsables de Empresa y Empleo presentaron un borrador de la ley a patronales, sindicatos y entidades municipalistas. La reforma del organismo pretende mejorar su eficacia a través de la coordinación de los diferentes intermediarios existentes en la búsqueda de empleo (desde el propio servicio a las empresas municipales o las ETT) y de la concertación de agentes en el territorio. Entre otras medidas, el borrador prevé identificar nichos de trabajo en todo el territorio, localizar profesionales calificados y si no los hay, formarles; y si proceden de otra zona, ayudarles a cambiar de domicilio.