Josep Prat cobró por mediar entre un empresario sanitario y Boi Ruiz

Las investigaciones del caso Innova, que llevan a cabo la Fiscalía, la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 3 de Reus, aportan cada vez más indicios sobre el papel del expresidente del ICS, Josep Prat, como un conseguidor de la sanidad pública catalana que se enriquecía a costa de poner su cargo y sus privilegiados contactos políticos al servicio de empresarios dispuestos a pagar para conseguir suculentos contratos públicos.

Prat, según el sumario del caso, empezó a cobrar 5.000 euros al mes de Bernardo Coslado, dueño Ambulancias Baix Ebre —grupo que acapara la concesión del servicio en las Tierras del Ebro— en abril de 2012, solo dos meses después de haber concertado una entrevista entre el empresario y el consejero de Salud, Boi Ruiz.

El juez del caso investiga si estos pagos opacos —Prat utilizó para recibirlos una empresa familiar sin relación con la sanidad— constituyen un delito de cohecho “para conseguir una alteración del precio en el concurso público que estaría a punto de publicarse en el sector sanitario y, de la misma manera, evitar que otras personas pudiesen participar” según recoge el auto del juez Diego Álvarez de Juan, que desestima la pretensión del abogado de Coslado de lograr el sobreseimiento del caso.

El juez recuerda en el auto que Prat, como presidente que entonces era del ICS, tenía competencias sobre “la planificación estratégica [de la sanidad pública] con programas de actuación con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)”, el organismo público que financia la sanidad pública.

Según declaró Prat ante el juez, el empresario le solicitó una reunión con Boi Ruiz. El auto expone que tras celebrarse el encuentro e iniciados los pagos mensuales —que ascendieron a 104.000 euros en total, hasta la detención de Coslado el pasado enero— “posiblemente” hubiera “otras reuniones similares”.

Los pagos se giraban en concepto de “trabajos de asesoramiento” y las cantidades se ingresaban a Wanplais SL, un empresa de la familia de Prat dedicada “actividades inmobiliarias, la prestación de servicios administrativos y contables, y la explotación y el comercio de productos agrícolas”, según consta en el Registro Mercantil.

Tras sucesivas investigaciones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona, Coslado fue detenido el pasado 9 de enero. El juez le retiró el pasaporte y lo imputó por delitos contra la administración pública, delito contra el orden y patrimonio socioeconómico, además de blanqueo de capitales. En el momento de su detención Coslado era presidente de la patronal española de ambulancias. A su vez, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Prat está imputado en el caso por cohecho, alteración de precios en concursos públicos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, el mismo delito por lo que lo están sus cuatro hijos, quienes ocuparon cargos en Wanplais SL. El auto avisa también de “la inminencia de posibles nuevas imputaciones”.

Ambulancias Baix Ebre es adjudicataria de varios lotes de prestación de servicio sanitario adjudicados por Salud por lo que “no resulta difícil establecer lazos de unión y de interés”, entre los implicados detalla el auto. El juez explica que Coslado, cuando fue puesto a disposición judicial como detenido, dijo que “desconocía” en qué consistían las facturas. El empresario también se negó a responder qué trabajos de asesoramiento habría realizado Prat para Ambulancias Baix Ebre.

Un portavoz del Departamento de Salud de la Generalitat ha declinado ofrecer la versión de la Generalitat. “No hablaremos hasta que no haya sentencia”, afirmó.

Cuando Coslado fue detenido la Guardia Civil registró varias de sus propiedades y encontró en un maletín un sobre con 18.000 euros en metálico, algo que para el juez de “nuevo provoca que se disparen los indicios”. En un primer momento el empresario argumentó que eran “para gastos diarios” pero ahora alega que el dinero era para realizar unos “regalos o aguinaldos” y adjunta una pequeña lista de las personas que supuestamente íban a recibirlos. Una de ellas, “Bernardo”, iba a recibir 10.900 euros. “Habrá que investigar quienes eran esas personas”, afirma el juez. “No hay que olvidar que el sobre” que contenía los 18.000 euros “tenía manuscritas las letras ‘Pte’ y que el propio imputado dijo que ello era una casualidad", concluye el auto.

La investigación sobre los pagos de Coslado a Prat forman la pieza separada número siete del caso Innova, una macroinvestigación sobre adjudicaciones irregulares, contratos ficticios y pagos irregulares en las empresas municipales del Ayuntamiento de Reus que mantiene imputadas a cerca de 40 personas y cuya instrucción sigue avanzando.