Corrosión en la patronal catalana del metal

Antoni Marsal, expresidente de la patronal catalana del metal, ha puesto en marcha el ventilador. En su declaración como imputado ante la juez que le investiga por saquear los fondos de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), Marsal repartió culpas a diestro y siniestro. El empresario afirmó que los responsables de la entidad estaban al corriente de que percibía un sueldo, pese a que los estatutos lo prohibían. Marsal atribuyó a un exinspector de Hacienda la idea de cobrar mediante facturas por trabajos ficticios y culpó a la responsable de formación de que esos pagos se hicieran a costa de los fondos públicos destinados a cursos de formación de trabajadores.

Marsal está imputado por apoderarse, presuntamente, de 600.000 euros de la UPM. La mitad de ese dinero procede de las subvenciones que el Estado y la Generalitat otorgan a la patronal para que organice los cursos de formación. La otra mitad eran fondos propios de la UPM, que agrupa a 18.500 empresas del sector siderometalúrgico, una de las patronales más potentes de Fomento del Trabajo.

En su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el empresario admite que, cuando fue nombrado presidente en 2006 el cargo “era gratuito”. Pero defendió que su papel no era solo institucional, sino ejecutivo: por eso decidió fijarse un sueldo de 60.000 euros el primer año, que aumentó a 130.000 al siguiente.

Los honorarios los fijó él mismo tras consultar “con entidades del ramo”. Pero lo hizo “con el consentimiento y conocimiento de personas de dentro” de la entidad, en concreto, de la responsable del área jurídica, Marisol Morales. Marsal admitió que no informó “directamente” a la junta directiva de la UPM, pero matizó que “se lo imaginarían” porque “era conocido de toda la plantilla que los presidentes cobraban”.

Los pagos en negro a los presidentes han sido una práctica habitual de la UPM. Así lo puso de relieve la documentación hallada por la Guardia Civil en casa de Marsal: diversos expresidentes, cargos y empleados de la entidad cobraron hasta 1,12 millones de euros sin declarar en seis años. Marsal afirmó ante la juez que, cuando alcanzó la presidencia, quiso poner fin a esas prácticas irregulares. Si no las destapó, añadió, fue para “preservar la honorabilidad” de sus antecesores (todos ellos, fallecidos) y para defender la “imagen externa” de la UPM, que podría resultar dañada.

Además, sus antecesores cobraban por funciones representativas. Cuando llegó a la UPM, y a pesar de que por aquel entonces no percibía ningún ingreso —sus proyectos empresariales habían fracasado— no pretendió cobrar, dijo. Pero cambió de idea cuando empezó a “realizar trabajos”, como negociar convenios colectivos, elaborar presupuestos u organizar eventos relacionados con la gala del metal. “Estaba allí desde las ocho de la mañana”, defendió.

¿Cómo cobrar? El principal implicado en la trama dijo que lo consultó con el asesor fiscal Ángel Blesa, que a mediados de los años noventa fue jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña. Blesa, también imputado en la causa, le explicó —siempre según la declaración— que “si tenía sociedades para facturar, no habría problema en ello”.

Según la investigación, Marsal usó dos empresas (MCR y Cuatro 21) para emitir las facturas. El empresario admitió que las sociedades fueron “utilizadas para cobrar los honorarios profesionales por trabajos fuera de la UPM”, pero alega que estos sí se realizaron. Y añadió que no tuvo voluntad de ocultarse porque figuraba, en el registro mercantil, como administrador de ambas.

El expresidente de la UPM acusa a la jefa de formación de beneficiar con cursos a la empresa de su marido

El expresidente fue más allá y dijo que otra imputada —la jefa de formación, Magdalena Grau— le indicaba “los conceptos por los que cobraría y con cargo a qué fondos se pagarían”. Marsal “no intervino en cursos de formación”, sigue la transcripción, y no cuestionó a Grau porque “llevaba muchos años trabajando en el tema de la formación”. El expresidente añadió que, por su posición, Grau era la responsable de elegir a las empresas que darían los cursos. Detalló, en ese sentido, que “uno de los mayores beneficiarios de esos fondos subvencionados es la empresa CIEF, de su marido”.

El escándalo estalló en junio de 2012, cuando los trabajadores de la UPM comprobaron que la entidad estaba en números rojos y vieron peligrar sus puestos de trabajo. Los empleados (incluida Grau) firmaron una carta-denuncia y Marsal se vio forzado a dimitir. El empresario atribuyó esa denuncia a las reticencias que habían despertado sus propuestas de reestructuración para la UPM. Marsal propuso, dijo, que la propia entidad organizara por sí misma los cursos, lo que iba contra los intereses de algunos responsables; en especial, de Grau.

Según los investigadores, los 600.000 euros de los que se apropió Marsal fueron a parar a sus cuentas de Andorra y Suiza y no los declaró en España. Marsal lo negó, admitió que había tenido cuentas en esos países y se negó a dar más explicaciones sobre ellas porque “ya las regularizó”.