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La Comunidad se enroca en su gestión del ‘caso Aneri’

La oposición ironiza sobre el control "ejemplar" de las subvenciones a los cursos de formación

El viceconsejero de Empleo, Turismo y Cultura, Juan Van-Halen, afirmó ayer en la Asamblea de Madrid que los controles del Gobierno regional permitieron que aflorara el presunto fraude de 15 millones de euros (11 estatales y 4,4 autonómicos de los ejercicios 2010 y 2011) en la organización de cursos de formación conocido como caso Aneri, mientras la oposición le reprochaba precisamente la falta de vigilancia. “Los controles han funcionado, el Gobierno siempre ha ido por delante de los acontecimientos”, se enrocó el número dos de Ana Isabel Mariño, partidario de “un cambio de modelo” como defiende el presidente regional, Ignacio González.

Van-Halen compareció a petición del PSM para informar sobre las posibles irregularidades en la concesión de subvenciones para formación continua de trabajadores entre 2008 y 2011. La diputada socialista Josefa Navarro le recriminó que eludiera responder a preguntas concretas, y lamentó que el Ejecutivo autonómico impida la creación de una comisión de investigación. “El PP no está a la altura de las circunstancias, no se puede cambiar como si fuera un trueque una comisión de investigación por unas comparecencias en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones”, expresó.

“Quiten las nubes y las sombras en este asunto... Tanto que controlan, parece que tienen que ser las denuncias de la policía las que les obligan a actuar”, intervino Joaquín Sanz (IU). “Las explicaciones de la Comunidad siempre están encaminadas en que su actuación es poco menos que ejemplar”, ironizó Juan Luis Fabo (UPyD). “Insisten en que los controles han funcionado pese al escándalo... De repente descubren que el sistema no es el conveniente y hay que cambiarlo”, abundó.

Van-Halen aseguró que la Comunidad denunció los hechos cuando tuvo la certeza de que se iba más allá de la no justificación de las subvenciones, pese a las evidencias que indican lo contrario. “Al quebrarse el principio de confianza legítima se realizó una investigación más profunda. Por ejemplo, hemos llamado a alumnos que nos han confirmado que no hicieron los cursos. Y se han comprobado distintas plataformas telemáticas”, observó.

En su intervención en la comisión de Empleo la semana pasada, la directora general de Formación, Patricia Herrero, aseguró que tuvo conocimiento del caso Aneri el 27 de septiembre “de forma verbal”. La Consejería inició casi cuatro meses antes los procedimientos de revocación y reintegro de las subvenciones de 25 asociaciones empresariales que no habían presentado la documentación suficiente para justificar las ayudas recibidas por adelantado. Todas habían subcontratado a Sinergia Empresarial, la empresa de teleformación de José Luis Aneri, como proveedora de los cursos.

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