Un pleito sin contrincantes en Aznalcóllar

El recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional contra el decreto andaluz que daba cobertura legal a la reapertura de la mina sevillana de Aznalcóllar es un pleito sin contrincantes. Los implicados sostienen que están de acuerdo: la Junta y el Gobierno dicen que quieren que se vuelva a explotar el yacimiento, abandonado por la sueca Boliden tras el desastre de 1998. Pero lo extraño es que una de las partes —el Gobierno— ha recurrido el decreto que permite la reapertura argumentando una invasión de competencias de Andalucía.

Desde que estalló la polémica el viernes —cuando el Consejo de Ministros autorizó presentar el litigio— los dirigentes del PP y del Ejecutivo central repiten que lo último que pretende el Estado es bloquear que Aznalcóllar vuelva a estar operativa. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, remarcó ayer que el Ejecutivo central "quiere la apertura de la mina" y que su Administración y la andaluza comenzarán a negociar esta misma semana una salida para este raro conflicto.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ni comprende ni comparte el recurso interpuesto por el Gobierno, que paralizaría cautelarmente el concurso minero abierto por la Junta para adjudicar Aznalcóllar en el momento en el que el Constitucional admita el pleito, para lo que tiene un plazo de 20 días. Pero Díaz ayer tiró de pragmatismo: "Si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la reapertura, yo lo voy a aceptar". Pero espera que esta semana "quede resuelto" el problema.

El Ejecutivo central ha esperado hasta el último minuto para presentar el recurso contra el decreto aprobado por la Junta en diciembre de 2013. El Gobierno andaluz recrimina que desde Madrid no se trasladaran las dudas que existían sobre la fórmula elegida para la reapertura y se impugnase sin intentar buscar una salida negociada antes. Díaz se quejó ayer de que el Ministerio de Industria, del que depende la política de minas, no haya tenido "ni un minuto" para llamar a la Junta. El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, lamentó que desde el viernes intenta, sin éxito, hablar con el ministro José Manuel Soria.

Este recurso de inconstitucionalidad es el último de los 17 que se han cruzado el Estado y la Junta esta legislatura. Pero la onda expansiva del pleito de Aznalcóllar ha sido grande. Y no solo en la comarca en la que se ubica la explotación, que veía en este proyecto una salida a su inasumible tasa de paro. La patronal andaluza, CC OO, UGT, los alcaldes de la zona, la Diputación de Sevilla y la asociación de empresas mineras Aminer se han unido en contra del recurso estatal.

Crespo —la encargada de dar la cara en este asunto— se reunió ayer con Francisco Carbonero, secretario general de CC OO en Andalucía, para intentar explicar la postura del Gobierno. Tras el encuentro, la delegada argumentó que se debía impugnar el decreto para dar seguridad y evitar "un conflicto jurídico por parte de terceros", en referencia a empresas interesadas en la explotación del yacimiento. Respecto a la falta de contactos con la Junta, Crespo intentó darle la vuelta a las quejas de Andalucía y sostuvo que el Gobierno autónomo debió avisar antes de sus intenciones.

Tras este asunto hay un debate jurídico complejo generado por una Ley de Minas que data de 1973. El camino que se suele seguir en cualquier yacimiento normal es el de un primer permiso de exploración, al que le sigue otro de investigación. El proceso concluye en la concesión para la explotación. Las que inician este recorrido, que dura años, son las empresas interesadas y la ley establece que las solicitudes se resuelven por orden de presentación.

Pero el caso de Aznalcóllar es "diferente", según explica Encarnación Montoya, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y la encargada del dictamen que ha empleado la Junta para aprobar el decreto para la reapertura. Las fases de exploración y de investigación no son necesarias ya que en Aznalcóllar se sabe que hay, al menos, 35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo. Tras el desastre de 1998, ocasionado por la rotura de la balsa de residuos, Boliden dejó sin explotar del todo la corta de Los Frailes, que es la que la Junta ha sacado a concurso.

Además, ante lo simbólico de este caso, la Junta optó por convocar un concurso para elegir al mejor candidato y bloquear a Boliden. Para ello, explica Montoya, era necesario que la Administración andaluza hiciera una "reserva" de la zona. Pero la Ley de Minas de 1973 atribuye al Estado "la facultad de reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio en las que el aprovechamiento de recursos minerales pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional". Ahí es donde se sustenta el recurso: el Gobierno entiende que la Junta se ha atribuido una facultad suya. El problema, según Montoya, reside en que esta ley no se ha actualizado al desarrollo autonómico.Cuando se promulgó, no existían las comunidades y no había estatutos. "La cuestión de competencias no es clara", apunta esta catedrática. "La ley del 73 está anticuada, desfasada", argumenta.

Respecto al conflicto abierto, Montoya deja claro que, además de estar amparado por el Estatuto andaluz, el decreto no cuestiona "la titularidad del Estado". Tampoco entiende esta catedrática que el ministerio de turno no planteara antes del recurso sus reparos. Sin embargo, cree que la salida, "si hay voluntad política", puede ser rápida si se pone en marcha la "ingeniería jurídica". "Se podría hacer una encomienda de gestión o una delegación de competencia".