La fiscalía se opone a que los bienes de Malaya se destinen a Marbella

La fiscalía ha pedido en el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo que corrija la sentencia del caso Malaya y eleve las penas impuestas a los condenados, además de eliminar de la resolución “toda referencia” a que los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas por los implicados se asignen a cubrir el débito generado con el Ayuntamiento de Marbella. Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción, y el exalcalde Julián Muñoz se encuentran entre los afectados por la solicitud de que se agraven las condenas.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, notificada el 4 de octubre de 2013, acordaba que los bienes y multas de este caso se destinaran a las arcas de Marbella para hacer frente a la deuda con la Seguridad Social y Hacienda (actualmente supera los 200 millones de euros) engordada durante años por los gobiernos gilistas. Esa decisión está a expensas de lo que diga el Supremo y la fiscalía lo ha impugnado. “Resulta claro, y así parece reconocerlo el propio tribunal que dice actuar ‘respetuosa y humildemente’ y ‘salvo mejor criterio de la superioridad’, que la Audiencia Provincial efectúa una bienintencionada, aunque irregular atribución de lo recaudado”, informa Efe sobre el recurso.

La fiscalía recuerda en su escrito que la ley “establece con carácter imperativo el destino de estos caudales (el Estado) y el tribunal no puede alterarlos a su capricho, cualquiera que sean las razones que le asistan para ello”. De los 34 motivos alegados para casar la sentencia, el último se refiere a este asunto, que el ministerio público considera una infracción de ley por incorrecta aplicación de un artículo del Código Penal.

Todos los condenados en el caso Malaya (52 personas de las 95 que se sentaron en el banquillo), excepto Julián Muñoz, anunciaron su intención de recurrir la sentencia. Roca fue penado por la Audiencia con 11 años de cárcel y una multa de 240 millones de euros. La fiscalía considera que hay una aplicación indebida del atenuante en el delito de lavado de capitales y cree que debe ser condenado por blanqueo cometido en el ámbito de una organización y como jefe de la misma a nueve años de cárcel y multa de 720 millones de euros. En el caso del cohecho (ahora mismo está penado con un año), el ministerio público solicita que se le impongan cuatro años de cárcel y una sanción de 40 millones.

Julián Muñoz está condenado a dos años de reclusión en este caso (fraude y prevaricación) y la fiscalía ha pedido que la pena se amplíe hasta los seis años.