Seguridad carga contra la ‘kale borroka’ para defenderse de la falta de protección

Las sensibles quejas trasladadas al equipo de gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao desde las asociaciones de comerciantes locales, fuertemente indignadas por la falta de protección policial durante los vandálicos incidentes del pasado lunes en la capital vizcaína, forzaron al final una reunión a tres bandas, que ha presidido este viernes la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, pero a la que no fue invitada la oposición.

En vísperas de que se conozca la próxima semana la fecha de su comparecencia voluntaria en el Parlamento, donde, sin duda, le aguarda una auténtica prueba de fuego, la consejera ensayó las líneas maestras del argumentario de su defensa. Así empleó una dura descalificación hacia el comportamiento de kale borroka y de comprensión del operativo policial diseñado, que tantas críticas viene recibiendo desde ámbitos políticos y económicos.

Beltrán de Heredia consideró que “la actuación policial se ajustó al principio de responsabilidad y proporcionalidad” y que la contención de la Ertzaintza evitó que se produjeran daños o lesiones a personas ajenas a los incidentes. Toda la carga recayó ayer, en opinión de la consejera, sobre “la actuación desaforada de más de 200 jóvenes encapuchados”, según se recoge en la nota conjunta facilitada al término de la reunión matinal.

Sin opción, por tanto, a una réplica política en el encuentro mantenido  por la consejera con comerciantes y el núcleo duro del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao, el PSE-EE aprovechó, mediante unas declaraciones de su portavoz municipal, Alfonso Gil, para insistir en que “se tienen que dar muchas explicaciones” ya que “quienes están ahí fuera”, en referencia a los ciudadanos, “el otro día fueron los paganos de la falta de seguridad”.

Gil, de hecho, advirtió de que “si hay responsables directos y negligencia en la gestión, alguno se tendrá que marchar a casa”. En una línea similar, los socialistas preguntaron al lehendakari, Iñigo Urkullu, durante el pleno en el Parlamento. En su respuesta, el presidente del Gobierno vasco admitió la “angustia” vivida durante los incidentes y lamentó que “una minoría de violentos empañara con su vandalismo” las protestas “legítimas” que se estaban desarrollando y la imagen internacional de Bilbao.

Urkullu remarcó que “se han tomado todas las medidas” contras los responsables de estos graves disturbios, que calificó de “vandalismo ciego”. De momento, la Ertzaintza “sigue con las investigaciones para identificar al mayor número de participantes en estos actos”. Según las primeras informaciones, la Policía vasca dijo haber identificado a medio centenar de personas. Los siete detenidos el pasado lunes, acusados de desórdenes públicos, quedaron el martes en libertad con cargos. Un agente que participó en el despliegue admitió a EL PAÍS que “los detenidos eran conocidos por participar en actos similares”.

La identificación de los violentos formará parte esencial de las explicaciones de Beltrán de Heredia en el Parlamento, como ayer exhibió. Según dijo, los datos recabados por los diferentes cuerpos policiales coinciden en que el modus operandi seguido en este ejercicio de vandalismo, así como los lemas utilizados, “eran similares a los que usaban los grupos de kale borroka durante décadas en Euskadi”, como indica el comunicado.