Los municipios multarán por los pisos vacíos pese a la tasa de la Generalitat

Las entidades financieras que mantengan sus pisos vacíos más de dos años recibirán un doble varapalo. A pesar de que la Generalitat se ha decidido a imponer una tasa de entre 850 y 1.650 euros anuales a las viviendas desocupadas de la banca y la Sareb, los ayuntamientos que habían anunciado impuestos o multas para sacar al mercado esos pisos han decidido seguir adelante con sus programas. Así lo han confirmado los consistorios de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès y Terrasa. También lo hará Girona, aunque el Ayuntamiento sostiene que está a la “expectativa” de analizar el anteproyecto de ley que la Generalitat presente al Parlament. Ello promete desatar una guerra legal con los bancos, que han rechazado esas medidas.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha detectado que hay 40.000 viviendas vacías en manos de las entidades y el banco malo. De estas, 15.000 podrán ser objeto de esa tasa al hallarse en zonas de “fuerte demanda”. La ley entrará en vigor en 2015, pero ahora varios municipios ya han puesto en marcha programas para que las entidades saquen sus pisos al mercado de alquiler a través de tasas o sanciones.

El primer Ayuntamiento que empezó a sancionar a los bancos con viviendas vacías fue el de Terrassa. Las multas fueron de 5.000 euros, aunque estas pueden llegar a los 500.000 en caso de que la entidad persista en su actitud de no sacar el piso al mercado. Desde el Consistorio se afirmó que seguirán aplicando esas medidas coercitivas.

También prevé multas el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que detectó 670 viviendas en manos de los bancos, de los cuales 300 ya se han arrendado. Puesto que hay una demanda de más de 400 ciudadanos, el consistorio piensa seguir adelante con el programa para poder aflorar viviendas vacías.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, asegura que seguirá adelante con “el cumplimiento de la declaración institucional aprobada en el pleno del mes de enero de 2014” para “evitar la existencia de pisos” que estén en “permanente desocupación”. Esa declaración fija la imposición de hasta tres multas que pueden llegar a los 100.000 euros, como prevé la ley de Vivienda. Lo mismo ocurre en Girona. El concejal de Servicios Sociales del consistorio, Eduard Berloso, explicó que de momento los procedimientos “siguen adelante”. El consistorio requirió a las 14 entidades presentes en la ciudad, pero solo siete respondieron y firmaron un convenio para poner a disposición sus pisos con alquileres sociales. El resto, si sigue sin responder, podrá ser sancionada de acuerdo a lo previsto en la normativa sectorial.

Además de la posibilidad sancionadora, Cerdanyola del Vallès prepara también una tasa contra los pisos vacíos. Fuentes del Ayuntamiento explicaron que los técnicos municipales están desarrollando el reglamento correspondiente. Las mismas fuentes explicaron que los funcionarios están atentos a las disposiciones de la ley que impulsa el departamento que dirige Santi Vila, pero que de momento no se frenarán los planes.