Moragues dice que el informe extremeño sobre financiación “carece de rigor”

“Es un informe que carece de rigor técnico”, aseguró ayer el consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, del informe sobre el sistema de financiación autonómica elaborado por el Gobierno de Extremadura, que preside el popular José Antonio Monago. Moragues explicó que no se pueden mezclar, como hace el informe extremeño, los ingresos procedentes del sistema de financiación y los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del plan de pago a proveedores, que se convierten en deuda.

“Se está hablando de garantizar la prestación de servicios básicos y esenciales”, indicó Moragues, que se mostró conciliador a la hora de que se mantengan algunos elementos correctores. Aunque advirtió: “Ni la dispersión ni la baja densidad justifican diferencias de 700 euros por ciudadano”, que es la horquilla que separa a Extremadura de la Comunidad Valenciana.

Moragues se desmarcó de la elaboración de las balanzas fiscales y defendió el método de cuentas públicas territorializadas que promueve el Ministerio de Hacienda. El consejero recordó que mañana presentará, antes de finalizar el plazo, un informe de evaluación del actual sistema de financiación autonómica al comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el informe queda de manifiesto que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada.

Reforma local

Por otra parte, durante el pleno extraordinario realizado en las Cortes Valencianas, el PP rechazó la petición para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, por invasión de competencias.

El socialista Óscar Tena, cuyo grupo presentó la iniciativa apoyada por Compromís y Esquerra Unida, aseguró que la ley estatal “daña la raíz misma del gobierno municipal e invade competencias de las comunidades autónomas, quita competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o privatización de servicios públicos que hasta ahora han prestado de forma eficiente y próxima los ayuntamientos”. Tena criticó que las diputaciones puedan “definir, gestionar y privatizar” servicios locales. El popular César Sánchez replicó que la ley es de sentido común y viene mandatada desde Bruselas.