El Gobierno pacta con Montoro para evitar un recurso contra la ley de Costas

Los Gobiernos vasco y central han llegado a un acuerdo que evitará que Euskadi presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, promulgada en mayo pasado, que además, modifica la ley de Costas de 1988.

El acuerdo, firmado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, llega tras seis meses de negociaciones en la comisión bilateral que reúne a ambas Administraciones, según ha informado este domingo el Ejecutivo autónomo.

Ambos Gobiernos han acordado la interpretación de tres apartados del artículo 1 y del artículo 2 de la ley, de manera que se respetan las competencias vascas en materia de régimen local, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y medio ambiente.

El pacto alcanzado deja claro que la Delegación del Gobierno sólo tendrá capacidad de suspender los acuerdos municipales que afecten al dominio público marítimo-terrestre en los casos concretos ya previstos por la Ley de Bases de Régimen Local. Ello supone que cuando los casos supongan una infracción grave del interés general inmediatamente se denunciarán ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa para su debate.

Además, el texto aclara las dudas competenciales que generaba la ley en torno a las competencias del Estado en la costa, en materia de derechos de ocupación que pueden concederse a empresas industriales, licencias urbanísticas a titulares de construcciones e instalaciones, prórrogas de concesiones, etcétera.

Junto a ello, el Estado no puede ignorar las competencias vascas para establecer sus propias condiciones medioambientales, urbanísticas, de ordenación del litoral o protección del medio ambiente.

El acuerdo se anuncia apenas cinco después de que el Consejo de Gobierno acordase recurrir al Tribunal Constitucional la ley Wert y otros dos textos normativos (la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y la de Evaluación Medioambiental), todas ellas aprobadas en 2013.

El Ejecutivo recurrre contra 19 artículos de la ley Wert, 20 artículos y disposiciones adicionales de la de Mercado y 13 de la de Evaluación Medioambiental básicamente por cuestiones de invasión competencial,