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La UE copia el modelo onubense de contratación en origen de extranjeros

Una directiva convierte en norma el sistema de reclutamiento de temporeros

Un grupo de trabajadores extranjeros recoge fresas en Palos (Huelva). Ampliar foto
Un grupo de trabajadores extranjeros recoge fresas en Palos (Huelva).

El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva sobre las condiciones de los trabajadores temporeros no comunitarios que se asienta en el modelo aplicado en la provincia de Huelva desde 2001, cuando se firmaron los primeros convenios bilaterales con países como Polonia o Marruecos. Esos acuerdos, que se conocieron como contratación en origen, permitieron ordenar la inmigración para suplir la mano de obra que se marchó a sectores más pujantes, como la construcción o la hostelería. El modelo onubense que ahora copia la UE garantiza al temporero un contrato con los mismos derechos que el trabajador comunitario y una vivienda digna.

“A finales de los noventa empezó a llegar, al calor de las campañas agrícolas, un aluvión de inmigrantes sin papeles, que no podían trabajar y que carecían de viviendas dignas. Todo eso supuso un drama para los pueblos freseros porque esos trabajadores no tenían dinero y dormían al raso de cualquier manera”, recuerda Juan Antonio Millán, exalcalde de Cartaya y uno de los máximos impulsores de este modelo de inmigración ordenada. “Había que buscar una solución urgente. El sistema no se constituyó por un capricho, sino que nació de la necesidad de unirnos todos: sindicatos, Administraciones, empresarios y organizaciones humanitarias, para tratar de traer el número de temporeros necesarios para que los empresarios completaran sus plantillas, pero que tuvieran una estancia digna y que se les garantizara el retorno a su país”, explica Juan Antonio Millán.

El primer cupo de 1.800 temporeras contratadas en origen de Marruecos llegó en 2006. Esto supuso una novedad para el empresario, que estaba acostumbrado a trabajar con jornaleras de origen polaco. En 2007 se contrataron en origen a 4.800 trabajadoras de ese país y en 2008 se alcanzó el máximo, 13.000 jornaleras marroquíes.

Juan Antonio Millán relata que en 2004 viajó a Bruselas a contar cómo se estaba trabajando con los inmigrantes no comunitarios en Huelva. “Al equipo de Franco Fratini [vicepresidente de la Comisión Europea desde 2004 a 2008] le entusiasmó la idea y fue cuando se propuso hacer una experiencia piloto con el modelo onubense”, explicó Millán.

“Hubo un tiempo en el que la inmigración de temporada fue un drama por las condiciones en las que venían y trabajaban los inmigrantes. Ese problema ha servido de laboratorio donde afloraron ideas inteligentes mediante un sistema de contratos circulares con enormes ventajas para todos”, añade el europarlamentario Alejandro Cercas (PSOE y Demócratas europeos) “Huelva ha demostrado que la inmigración puede ser un problema o una gran oportunidad”, remarca europarlamentario, quien afirma que la reciente directiva europea “extiende esas buenas prácticas de Huelva a toda Europa”.

El europarlamentario explicó que llevan tres años trabajando en la directiva. “Una parte de esta normativa se ha debatido en la Comisión de Empleo de la que soy coordinador y he tenido la suerte de conocer la experiencia onubense. Frente a aquellos que pregonaban papeles para todos, hemos aprendido que la inmigración requiere que esté ordenada en origen. La piedra angular de una política de inmigración sana es la igualdad de trato porque solo así se ahuyentará el racismo y la xenofobia”, sostiene Cercas.

La europarlamentaria del Partido Popular Europeo Verónica Lope también destaca que Huelva haya sido “ un buen ejemplo de que se hicieron las cosas bien”. “Era un colectivo vulnerable que muchas veces desconocía qué derechos tenía”, explica Lope.

Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, la patronal fresera que aglutina al 90% del sector, destaca que el papel de la patronal fue “primordial para poner las bases de una normativa que ajustara los derechos de estos trabajadores y deberes de los empresarios”.

La directiva señala que los países europeos tienen el plazo de dos años y medio para adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva norma. “La legislación viene muy bien para países que no han solucionado aún sus flujos migratorios como Bulgaria o Grecia”, precisa Alejandro Cercas. “La directiva europea es una red de seguridad. Una garantía de que los políticos de cada país no podrán legislar contra el sentido común, ya que no podrán ir nunca contra esta nueva norma que vela por la justicia social y el buen sentido”, concluye.