Hernández defiende las tarifas que la Generalitat pagó a Emarsa

La diputada del PP y exconsejera de Agricultura, Pesca y Alimentación Maritina Hernández defendió este jueves las cuestionadas tarifas que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), una sociedad de la Generalitat que transfiere fondos a las depuradoras, abonó a la planta de Emarsa en Pinedo (Valencia). El importe de 42 euros por tonelada de lodo, consideró, “no resultaba excesivo” y se enmarcaba en las cifras de mercado. Los números, añadió, se justificaban por variables como el destino del vertido o la calidad del fango.

Hernández declaró como testigo durante tres horas ante el juez Vicente Ríos, instructor del caso Emarsa, que indaga el saqueo de 25 millones de euros de la principal depuradora de Valencia entre 2004 y 2010.

Su comparecencia se produjo a petición de la acusación popular que ejerce el PSPV. Los socialistas le reprochan a Hernández que defendiera en las Cortes Valencianas en 2012 la tarifa de 42 euros. Una cifra que la investigación estima el doble de los precios de mercado y objeto de mordidas. Tras la disolución de Emarsa, Epsar pagó a la adjudicataria de Pinedo 18 euros por tonelada.

“Ninguna decisión mía influyó en Emarsa”, asegura la exconsejera

“El precio de los lodos de 42 euros por tonelada es plausible en las circunstancias de uso: aplicación agrícola, secado térmico o vertederos”, subrayó Hernández.

La diputada se desmarcó ante el juez de la depuradora expoliada. Recordó que presidió la Epsar entre 2011 y 2012. Y que no tomó ninguna decisión sobre Emarsa, que fue liquidada tras estallar el escándalo, en verano de 2010. Atribuyó a informes técnicos el haber defendido en la cámara autonómica la cuestionada financiación a Emarsa. E insistió en su nula capacidad de acción sobre las entidades investigadas. “Ninguna decisión mía influyó [en la depuradora saqueada]”.

Señaló que la instrucción no ha cuestionado las tarifas del fango. “Investigar si se utilizó correctamente la financiación es diferente a si la decisión del precio de los lodos está bien elaborada”, añadió.

A preguntas de la fiscal, la exconsejera indicó que los controles económicos en la Epsar se reforzaron por la crisis y para favorecer el acceso al crédito de este organismo de la Generalitat. No fue, alegó, por la investigación que, desde hace tres años, desarrolla el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Argumentó que la Consejería de Agricultura diseñó un plan de saneamiento de Epsar hasta 2015 para reducir la deuda comercial y bancaria y agilizar el pago a proveedores.

Hernández se desvinculó de los imputados Bernácer y Morenilla

Hernández se desvinculó de los imputados en el caso Emarsa Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, exgerente y exjefe de Explotación de Epsar, respectivamente. Apuntó que Morenilla “nunca trabajó” con ella ni bajo su responsabilidad. Y que Bernácer abandonó el cargo cuando fue imputado pero permaneció en la entidad como empleado “por respeto al estatuto de los trabajadores”. La declaración de Hernández fue solicitada por la acusación popular que ejerce el PSPV. Los socialistas también pidieron la comparecencia de su antecesor en Agricultura, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que declarará el día 21 de marzo.

La acusación popular socialista señala que Cotino fue quien aprobó el presupuesto de la Epsar de 2010 por importe de 16,3 millones de euros.