Madrid se personará en las diligencias abiertas por los cursos de formación

La Comunidad de Madrid se personará como acusación en la investigación judicial abierta por el caso Aneri. El Gobierno regional tuvo conocimiento hace al menos un año de las primeras irregularidades en una trama de cursos de formación falsos que han supuesto un desvío de 4,4 millones de euros de fondos regionales de 2011 y de, al menos, otros 11 millones de dinero estatal para el mismo fin.

“Una vez que la policía y un juez están investigando, lo que procede es personarse”, ha dicho este jueves el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, en la comparecencia semanal posterior al Consejo de Gobierno. Hace tres meses que salió a la luz el escándalo. Victoria ha añadido que “toda la investigación” de la que dispone el Ejecutivo autonómico se “ha trasladado” a la justicia.

El pasado 14 de febrero, la Consejería de Empleo destituyó a un subdirector que tres días antes había acudido a la policía adscrita al juzgado a declarar como testigo. Fue convocado en la causa abierta el juzgado 9 por las denuncias presentadas por asociaciones empresariales afectadas por la supuesta estafa. El subdirector alertó ya el 10 de enero a sus superiores de que deberían “poner el asunto en manos de la fiscalía para que instruyan un procedimiento judicial, a fin de que haya pruebas válidas ante un tribunal”, sin que el Ejecutivo tomara medidas en ese sentido hasta las anunciadas este jueves.

 El seguimiento

Victoria ha añadido que “la competencia” para la liquidación de los cursos corresponde a la Fundación Tripartita —un organismo dependiente del Ministerio de Empleo, en el que están integrados la patronal, los sindicatos y la Administración central—. “Es esa fundación la que tiene la competencia principal, y nos hemos dirigido a ella para ver qué actuaciones está comprobando”, según Victoria.

El convenio firmado entre la Fundación Tripartita y la Comunidad, establece que corresponden a Madrid “las funciones de seguimiento y control de las iniciativas de formación”. El subdirector destituido solicitó por correo a su inmediata superior, como figura en los documentos que entregó a la policía, que se mantuviera una reunión con la Fundación Tripartita para comunicar la estafa. “No se notifica nada y que todo pase por aquí, por favor”, respondió ella en un email.