Rehenes en cadena

De acuerdo, convengámoslo: ni el guionista, ni el productor, ni el director del vídeo sobre el supuesto inicio del desarme de ETA van a ganar este próximo domingo el Óscar de Hollywood en sus respectivas especialidades. Todas las críticas sobre la ínfima cuantía del arsenal “inutilizado”, sobre la rudimentaria neutralización de las armas (en una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva...), sobre la dudosa credibilidad del episodio, etcétera, son, pues, comprensibles y lícitas.

Sin embargo, de ahí a la criminalización y el amedrentamiento de los verificadores va un trecho. Cuando el inefable Esteban González Pons acusa a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación de “trabajar para ETA”; cuando los palmeros de Génova en las grandes tertulias radiotelevisivas describen a Ram Manikkalingam como “un jeta” y a sus compañeros como una tropilla de aprovechados o de asesinos por complicidad; cuando el Gobierno —a través de la fiscalía— se arriesga a roces diplomáticos citándoles a declarar sin fruto útil alguno ante la Audiencia Nacional (varios de ellos han ocupado altos cargos políticos en sus países, y cuentan con el apoyo de distintas capitales europeas), es porque, en la gestión del final de ETA, el PP no es libre, sino rehén.

Rehén de las asociaciones de víctimas (esta vez fue Covite, otras la Asociación de Víctimas del Terrorismo, o Voces contra el Terrorismo, o...) erigidas en poder fáctico. Y, detrás de ellas, rehén del espectro de Vox, el nuevo partido de Ortega Lara, y su temido debut en las europeas.

En la gestión del final de ETA, el PP no es libre, sino rehén

Rajoy y los suyos tampoco son libres a la hora de afrontar lo que en Madrid llaman “el desafío catalán”. Bien se ha visto estos días: un PP con casi 11 millones de votos y 186 diputados, convertido en perrillo faldero de Rosa Díez, regateando enmiendas con ella y cediéndole la primacía, el liderazgo en la defensa de la sagrada unidad de la patria. Es bien cierto que Unión, Progreso y Democracia sólo tiene 1,1 millones de sufragios y cinco escaños. Pero las encuestas le son propicias, las europeas le resultan especialmente favorables y un rajoyismo acomplejado no puede aparecer tibio o displicente en el rechazo del “plan secesionista” de Artur Mas y compañía.

Así, pues, en dos temas cruciales, el Partido Popular es rehén de dos minorías activas y ruidosas: ciertas víctimas del terrorismo con Vox al fondo, y UPyD. Pero la cadena de servidumbres no termina ahí, porque acerca de esos mismos asuntos el PSOE se ha resignado a ser rehén del PP y de Rosa Díez.

Sí, es verdad que, durante las negociaciones de pasadizo en torno a la moción “antisecesionista” de UPyD, por momentos pareció que los socialistas se desmarcarían al menos de una parte de ella. Al final no hubo suficiente coraje, y los 110 diputados del PSOE (incluidos los 14 del PSC) se sumaron mansamente al vasto bloque de trescientos escaños del nacionalismo español capitaneado por la señora Díez.

Lo más asombroso del caso es que, pocos minutos después de haber participado en ese alarde españolista (el argot político de la Restauración lo llamaba “tocar la Marcha de Cádiz”), el mismo Alfredo Pérez Rubalcaba reconocía en rueda de prensa que se trató de una “trampa parlamentaria” del partido magenta, prometía “no jugar al gato y al ratón nunca más” y señalaba juiciosamente que tales mociones no resuelven nada: “Que cada quince días haya un viva la Constitución y un no al derecho de autodeterminación no arregla el problema con Cataluña. (...) La sexta vez que hayamos dicho no, habremos envenenado el problema. No basta con decir no”. En efecto, no basta; pero, rehén del miedo a que el PP y el españolismo mediático lo tachen de poco patriota, el PSOE ni siquiera fue capaz de abstenerse.

Un rajoyismo acomplejado no puede aparecer tibio o displicente en el rechazo del “plan secesionista” de Artur Mas

Con todo, la cautividad socialista no se limita al tema catalán. Cuando estalló la última crisis política en Navarra, dio la impresión de que los socialistas de la comunidad foral estaban resueltos a presentar una moción de censura contra Yolanda Barcina, iniciativa que, para triunfar, requiere de los votos de Bildu no de cara a gobernar luego juntos, sino solo a forzar elecciones anticipadas el próximo 25 de mayo. Bildu —recordémoslo— es una coalición perfectamente legal incluso para la Ley de Partidos de 2002, y ETA no mata desde hace casi cuatro años porque está derrotada y en vías de extinción.

Pues bien, bastó que De Cospedal amenazase con establecer un vínculo entre el PSOE y “quienes apoyaron al terrorismo” para que Elena Valenciano (preocupada por las europeas) y Óscar López corrieran a asegurar que “los socialistas no irán a ningún sitio con Bildu”. Sí, la corrupción debe ser combatida, y Navarra gobernada; pero afrontar el 25-M con el PP presentándoles como aliados de la izquierda abertzale sería suicida, han concluido en Ferraz.

Mientras el PSOE no pueda emanciparse de esa tutela moral derechista, mientras sean el PP y sus coros quienes definan qué es patriótico y qué no, el federalismo socialista será un brindis al sol.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.