Una excargo de Medio Ambiente niega sobrecostes en la financiación de Emarsa

La exsecretaria autonómica de Medio Ambiente María Ángeles Ureña mostró este martes lagunas de memoria ante el juez del caso Emarsa. “No me acuerdo”. “No lo sé”. “No me consta”, zanjó a la mitad de las preguntas durante su declaración como testigo en la causa que indaga el saqueo de 25 millones de euros de la depuradora de Pinedo (Valencia). Ureña ocupó durante la mitad del periodo investigado (2004-2010) la vicepresidencia de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), una sociedad de la Generalitat que transfirió a Emarsa 100 millones de euros y pagó el doble por el precio del lodo, según la investigación.

A Ureña esto último “no le constaba”. Aunque se contradijo al explicar por qué. Defendió que no hubo sobrecostes y, en paralelo, dijo desconocer el precio que abonó Epsar a Emarsa por cada tonelada de lodo en 2009, 44,48 euros. Una cifra inflada y objeto de las mordidas que se repartieron los cabecillas de la trama, según las pesquisas.

Ureña no sabía cómo se controlaban los lodos. Ni qué organismo de la Generalitat se encargaba de este cometido. Ni por qué su departamento resultó perjudicado. Ni las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la Epsar.

La exsecretaria autonómica no trató la situación de la depuradora saqueada con el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, uno de los principales imputados. Aunque admitió que “escuchó” que el exdirectivo reclamaba más financiación para Emarsa. Y, por extensión, más dinero para la trama corrupta.

El abogado de la Generalitat rechazó preguntar a Ureña, que actualmente ocupa la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La declaración se produjo a petición de la acusación popular del PSPV. Este miércoles comparecerá como testigo la diputada del PP, expresidenta de la Epsar y exconsejera de Agricultura Maritina Hernández. Como Ureña, defendió las tarifas bajo sospecha que el organismo de la Generalitat pagó a Emarsa.