La fiscalía pide inhabilitar a la teniente de alcalde de Reus por el ‘caso Innova’

Gomis y otros 14 administradores de Shirota causaron el “concurso culposo” de la sociedad La providencia pide que devuelvan 2,4 millones de euros

Maria Teresa Gomis (CiU), teniente de alcalde de Reus.
Maria Teresa Gomis (CiU), teniente de alcalde de Reus.JOSEP LLUÍS SELLART

La fiscalía ha solicitado la inhabilitación durante cinco años para “administrar bienes ajenos” para la teniente de alcalde de Reus, Maria Teresa Gomis (CiU), y otros 14 exadministradores de la empresa mixta pública y privada Shirota Functional Foods, hoy en concurso de acreedores y sumida en un largo proceso judicial por las vías penal y mercantil. La fiscal, Ana Belén Farrero Rua, pide además en una providencia remitida al juzgado mercantil 1 de Tarragona que los 15 implicados devuelvan a la sociedad un total de 2,4 millones de euros debido a su mala gestión, que llevó a la empresa a la quiebra. El ocaso de Shirota forma parte del caso Innova, que investiga un cúmulo de ilegalidades cometidas en las empresas municipales de Reus.

Shirota, dedicada a la investigación de alimentos funcionales, fue un proyecto impulsado en 2007 por el Ayuntamiento de Reus cuando su alcalde era Lluís Miquel Pérez (PSC). El municipio controlaba a través de su grupo empresarial Innova el 40% de las acciones; mientras el socio privado La Morella Nuts tenía el 48%; la empresa mixta Tecnoparc el 8%; y la Universidad Rovira y Virgili y el hospital municipal Sant Joan de Reus un 2% cada uno. En 2011, tras la llegada de Carles Pellicer (CiU) a la alcaldía de Reus, el Ayuntamiento dejó caer la empresa tras comprobar su inviabilidad económica.

Según la fiscal, tanto los 12 administradores que Shirota tuvo antes del cambio de Gobierno local como los tres que les sucedieron y procedieron a su liquidación comparten igual responsabilidad en el concurso de acreedores de la sociedad, que la providencia considera “culposo”.

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Además de Gomis, entre los otros 14 administradores implicados también se encuentran el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector de Innova, Josep Prat; el exdirector del CatSalut y expresidente de Shirota, Carles Manté; cuatro directivos y representantes de La Morella Nuts —Joaquim Barriach, Enric Llauradó, Joan Borja, y Bartolomé Ramírez—; el auditor Josep Ramon Cot; los extenientes de alcalde Empar Pont (ERC) y Ernest París (ICV); el exconcejal Josep Morató (PSC); y el exrector de la Universidad Rovira y Virgili, Lluís Maria Arola.

Pese a recibir inversiones millonarias, Shirota no llegó a facturar más de de unos pocos cientos miles de euros y, según la fiscal, se encontraba “en fondos propios negativos desde el primer ejercicio económico”. El escrito del fiscal, de siete hojas, describe la desastrosa gestión de Shirota desde su creación, en la que “concurrieron graves irregularidades contables”. La más destacable fue hinchar el activo de la empresa para ofrecer “una imagen económica de solvencia” y así poder solicitar subvenciones públicas y créditos bancarios. La mayor de las irregularidades fue incluir en sus cuentas como “inmovilizado material” —que forma parte del activo de una empresa— un total de 9,5 millones de euros que en realidad “se correspondían a gastos de investigación y desarrollo”.

El fiscal también destaca que Shirota no entregó en el Registro Mercantil las cuentas de los años 2010, 2011 y 2012 a pesar de que en los dos primeros ejercicios la empresa Faura-Casas las había auditado.

La providencia considera igualmente lesivo para la sociedad el pacto firmado por todos sus socios, gracias al que La Morella Nuts “habría adquirido y reservado los derechos de explotación en exclusiva” de los resultados de las investigaciones de Shirota, “limitando así la posibilidad de obtención de ingresos de Shirota”.

Por la vía penal, la quiebra de Shirota está siendo investigada como parte del caso Innova por el juzgado de instrucción 3 de Reus, quien mantiene imputados a la mayoría de sus exadministradores por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, delito societario, falsedad documental e insolvencia punible.

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