La patronal del metal pagó más de un millón en negro a sus expresidentes

El expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antoni Marsal, imputado por el presunto saqueo de la entidad, había permanecido hasta ahora en un riguroso silencio. No habló cuando fue detenido por la Guardia Civil, ni declaró ante la juez que investiga el caso. El empresario ha decidido ahora tomar la iniciativa y ha remitido un escrito al juzgado en el que detalla, entre otras cosas, que sus antecesores en el cargo y otros empleados de la patronal metalúrgica catalana cobraron importantes cantidades de dinero (hasta 1,12 millones de euros en seis años) antes de que él accediera a la presidencia de la UPM, que con 18.500 empresas del sector siderometalúrgico es una de las más potentes de Fomento del Trabajo.

Marsal está imputado por apoderarse, presuntamente, de 600.000 euros de la UPM mediante empresas interpuestas que cobraron por trabajos ficticios. Entre 2007 y 2009, el empresario cobró la mitad de ese dinero con cargo a las subvenciones que el Estado y la Generalitat otorgan a la patronal para organizar cursos de formación, de ahí que esté acusado de malversación de fondos públicos. Entre 2010 y 2012 repitió el procedimiento, pero con fondos propios de la UPM, por lo que también se le atribuye un delito de apropiación indebida.

Según los estatutos de la patronal, el cargo de presidente no está remunerado. En julio de 2012, después de seis años al frente de la UPM, Marsal se vio forzado a abandonar tras admitir que había cobrado. El empresario defiende que realizó los trabajos y que, desde que aterrizó en la entidad, defendió una presidencia profesionalizada y de plena dedicación. Sus explicaciones no impidieron que la junta de la UPM —envuelta ya en una profunda crisis económica— presentara una querella contra él, que ha sido el origen de las investigaciones.

En el escrito remitido esta semana al Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Marsal denuncia que era “perfectamente conocida” la práctica de “retribuir a los presidentes” que le sucedieron en el cargo. Y que, a diferencia de él, que prestó servicios “reales”, aquéllos cobraron por un rol puramente institucional. La abundante documentación hallada por la Guardia Civil en el registro del piso de Marsal abunda en esa tesis: el empresario, hombre tremendamente meticuloso en sus apuntes, elaboró una detallada lista de pagos no declarados a sus dos predecesores, Guillermo Bueno y Ángel Guerrero, así como a otros cargos de la UPM.

El empresario denuncia que los órganos de la UPM sabían que cobraba por “trabajos” reales

Los pagos aparecen detallados en una hoja de Excel denominada Resumen relación de pagos no declarados en UPM y se refieren al periodo 2000-2006, es decir, antes de que Marsal accediera a la presidencia de la patronal metalúrgica. En esos años, siempre según la documentación que obra en poder de los investigadores, el antecesor de Marsal, Guillermo Bueno (ya fallecido) percibió 277.035 euros. Antes que él, Ángel Guerrero cobró otros 82.236 euros, mientras que el exdirector general Manuel Hernández se embolsó la cantidad más elevada: 380.981 euros. Entre los perceptores figuran también la jefa de formación, Magdalena Grau (27.257 euros) o la responsable del área jurídica, Marisol Morales (misma cantidad), junto a otros trabajadores.

La existencia de cobros opacos ya fue admitida, en parte, por otras dos imputadas en la causa: la propia Grau y Cristina López, responsable de contabilidad. Ambas admitieron que recibieron pagos extraordinarios al margen de su salario, pero los justificaron como “gratificaciones” o “aguinaldos” que los jefes abonaban a los empleados en verano.

Grau firmó, en julio de 2012, la carta en la que la plantilla instaba a la junta de la UPM a investigar los cobros de Marsal. Pese a que tanto ella como López han acabado imputadas, mantienen sus cargos y la plena confianza de la UPM.

Los documentos de Marsal recogen pagos “no declarados” entre 2000 y 2006

El escrito remitido a la juez —elaborado por el abogado Enric Carulla, de Garrigues—, subraya que la UPM “expuso en su querella lo que le vino en gana” y “ocultó” que los órganos de gobierno de la entidad conocían perfectamente lo que era una “práctica habitual”: retribuir a sus presidentes. Existen, además, dos “diferencias notabilísimas” con respecto a sus antecesores: los pagos a Marsal responden a trabajos ejecutivos, y “fueron contabilizados debidamente”. El empresario “trató de formalizar la retribución” emitiendo facturas, lo que su defensa considera un “ejercicio de transparencia”. El escrito cita también las actas de dos juntas de gobierno de la patronal en las que se admite que las funciones de Marsal “excedían en mucho el ámbito meramente institucional que le correspondía”.

Marsal declarará ante la juez, a petición propia, en los próximos días en una causa en la que la UPM ejerce la acusación particular. El escrito de Carulla recuerda que, “de ser algo”, la entidad “únicamente podría ser responsable civil subsidiaria”. Al menos, en el periodo 2007-2009, ya que el hipotético perjuicio no se causó a la patronal, sino al Estado.