Un juez investiga la adjudicación municipal del alumbrado de Cádiz

El juzgado de instrucción 2 de Cádiz ha abierto diligencias para aclarar las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación del alumbrado eléctrico en la ciudad por parte del Ayuntamiento. El equipo de gobierno, del PP, circunscribe la investigación a una cuestión “particular” de un extrabajador mientras que la oposición pide ya la apertura de una comisión de investigación.

El contrato fue objeto de dudas en el momento de su adjudicación en 2009 cuando el portavoz de IU, Sebastián Terrada, y la concejal socialista Marta Meléndez alertaron de que el Ayuntamiento había elegido una empresa sancionada anteriormente y de que en el momento de la adjudicación se cambió el modo de puntuar utilizado hasta ese momento, motivo por el que la empresa Indra llegó a amagar con impugnar el concurso. Con el anterior sistema de puntuación, Indra habría sido la ganadora.

Según ha detallado el diario La Voz de Cádiz, el juez ha imputado al exdirector de alumbrado eléctrico, Germán Molina, tras acceder a unas grabaciones en las que hay indicios para considerar que este cargo municipal alteró a conciencia aquel concurso para beneficiar a la empresa que resultó ganadora, una unión temporal de empresas del grupo ETRA. La denuncia la había presentado el apoderado de la anterior concesionaria.

La oposición pide la apertura de una comisión de investigación

Molina, tras superarse la polémica inicial de la adjudicación del concurso, denunció al portavoz de IU, Sebastián Terrada, y a responsables de la anterior adjudicataria, Imesapi, por revelación de secretos y amenazas. Esa denuncia fue atendida inicialmente por el juez que llegó a imputarles, lo que provocó que ese extremo fuera utilizado varias veces por concejales del PP para arremeter contra Terrada. Pero la denuncia le fue devuelta por el apoderado de Imesapi, que entregó documentación y una grabación en la que trataba de demostrar que el entonces responsable del área de alumbrado había maniobrado para que ganara la empresa que él quería. El juez archivó la denuncia presentada por Molina pero no la que iba contra él, la que ha terminado imputándole.

El PSOE cree demostradas las irregularidades que denunció hace cinco años. El actual portavoz, Fran González, ha anunciado que su grupo pedirá la apertura de una comisión de investigación municipal, al margen del desarrollo que pueda tener el procedimiento judicial. También pide al concejal y senador José Blas Fernández que medite su posibilidad de renunciar del cargo municipal pues fue en su área donde se pudo cometer este “tráfico de influencias”.

Todo apunta a que el PP rechazará la comisión de investigación. La alcaldesa Teófila Martínez restó ayer toda importancia a las diligencias judiciales. “Si se nos pide cualquier documentación, la entregaremos. Estamos tranquilos”. La alcaldesa circunscribió el caso a un enfrentamiento entre empresas pero la oposición cree que el PP no puede mirar hacia otro lado. “Espero que José Blas Fernández no tenga la desvergüenza política y moral de escudarse en que sea un caso puntual porque, si se confirman los hechos, se trata de un tráfico de influencias asentado en el tiempo y en los procesos de adjudicación pública. Se ha jugado con el dinero de los gaditanos y esa es una línea infranqueable”, ha dicho el portavoz socialista.

Este caso coincide en el tiempo con otra investigación abierta sobre la adjudicación de dos aparcamientos en otro Ayuntamiento del PP, el de El Puerto de Santa María, también con una grabación como base.