Simón advierte sobre ATLL: “Las resoluciones judiciales han de cumplirse”

El presidente de Agbar, Ángel Simón, ha lanzado hoy una advertencia a las administraciones que, sin citarla, iba dirigida sobre todo a la Generalitat, a razón del conflicto judicial que rodea la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). El primer ejecutivo de la operadora de agua controlada por Suez Environnement y La Caixa ha subrayado que "se tienen que cumplir las resoluciones judiciales", en referencia a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en opinión de Agbar, obligan a ejecutar la resolución del Órgano de Resoluciones Contractuales de Cataluña (OARCC) y anular la adjudicación del concurso al consorcio liderado por la constructora Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, porque su oferta supuestamente no cumplía el pliego de condiciones.

La compañía acudió de nuevo al TSJC el pasado 7 de febrero para solicitar la ejecución de la resolución que, según la legislación sobre contratación pública, sería ejecutiva.

Simón ha señalado, en el marco de un acto organizado por la Asociación por el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte para debatir sobre las reformas necesarias en el sector público, que "necesitamos seguridad jurídica, no cambiar las normas del juego y cumplir los contratos".

Y ha lamentado que los procesos administrativos y judiciales se prolonguen demasiado en el tiempo, sobre todo cuando se ha referido a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Extremadura que acaba de anular la contrata de aguas del Ayuntamiento de Cáceres, también inicialmente adjudicada a Acciona, por lo que se tendrá que volver a licitar. En aquel caso recurrieron la adjudicación las empresas Aguas de Cáceres, Canal de Isabel II y Aqualia (FCC), al no estar de acuerdo por la puntuación otorgada a sus ofertas.

Simón ha defendido la necesidad de realizar una profunda reforma del sector público tras censurar el crecimiento de empleados públicos. Y también ha censurado que la iniciativa privada se alíe con la Administración en programas de colaboración público-privada, para "intentar cerrar la deuda o los déficits de las administraciones", otro dardo envenenado dirigido a la Generalitat, que aceleró la privatización de ATLL con el objetivo de enjugar al máximo el déficit público de 2012. Frente a ese objetivo, Simón ha apostado por una colaboración que "ha de intentar dar un servicio lo mejor posible, lo más barato posible y con una visión de futuro".