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OPINIÓN

Tormentas

Tanto el Gobierno español como el catalán han desistido de aplicar políticas ambientales que son imprescindibles

Estos últimos meses estamos sufriendo una oleada de tormentas, inundaciones y un oleaje que se ha cobrado vidas. Los datos históricos nos retrotraen a más de cien años para registrar un ciclo tormentoso como este. Algunos comentaristas han vuelto a poner sobre la mesa la relación entre estos fenómenos extremos y el cambio climático. Evidentemente no podemos afirmar que haya una relación de causa efecto, pero quiero aprovechar el debate para hacer una reflexión sobre los límites del presente sistema de producción y consumo.

La comunidad científica ha demostrado que existe una estrecha relación entre la emisión de los gases contaminantes y el aumento de la temperatura media de la tierra. Esta está produciendo un cambio global que se manifiesta en fenómenos climáticos extremos, como las violentas borrascas que estamos viviendo, aumento del nivel de los mares, reducción del hielo ártico en verano, cambios en las corrientes oceánicas que gobiernan el clima, largos períodos de sequía, etcétera.

Puede que este autismo ambiental choque de forma violenta contra la otra cara de la crisis: la reducción de los stocks

En estos momentos el objetivo de frenar el calentamiento global a menos de 2 ºC, imprescindible para evitar grandes catástrofes, carece de una estrategia global. Además, el efecto no desaparece en el momento en que se reducen las emisiones, pues las ya realizadas tienen un efecto acumulativo que tardará muchos años en eliminarse. Para evitar llegar a este aumento de la temperatura los países industrializados tendrían que recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero alrededor de un 10% al año (históricamente solo se ha conseguido una tal reducción en Estados Unidos en los años posteriores a la gran crisis del 1929). Los científicos Anderson y Bows advierten de que para evitar la catástrofe es necesario “un cambio revolucionario de la hegemonía política y económica”.

El fracaso de las cumbres contra el cambio climático se debe a que la mayoría de países industriales no quieren reducir de manera significativa sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, puede que este autismo ambiental que antepone el crecimiento del PIB a cualquier otra consideración social y ecológica, choque de forma violenta contra la otra cara de la crisis: la reducción de los stocks que permiten ese crecimiento económico desbocado.

Diversos informes científicos han advertido, desde los años setenta, sobre el carácter finito de los recursos no renovables (combustibles fósiles), y que los renovables pueden agotarse si son sometidos a una explotación intensiva. Incluso el input básico que mueve el actual sistema económico, el petróleo, se está agotando. Así se desprende de los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Esta reconoció que la extracción de petróleo crudo había tocado techo en 2006 y que en 2012 ya estaba empezando a caer. Los análisis de la AIE predicen un aumento del precio del combustible a pesar de la crisis económica, en gran parte debida al aumento de la demanda de los países emergentes, sin que esos procesos hayan conseguido mitigar en ellos las desigualdades sociales.

Por eso, en esta etapa crucial, causa desazón observar cómo los Gobiernos de España y Cataluña, especialmente frágiles por la dependencia energética de los combustibles fósiles, hayan abandonado las políticas ambientales. El PP en el Gobierno central y CiU en el de Cataluña han eliminado cualquier vestigio de política ambiental sobre medio natural, energías renovables, fiscalidad ambiental, reducción del consumo de agua, ahorro energético o movilidad sostenible. Y han echado a las entidades sociales ecologistas de todos los ámbitos de debate y decisión.

¿Cómo es posible que ante la doble crisis ambiental los Gobiernos español y catalán se decanten por una política ecocida?

Los gobiernos y grupos empresariales y financieros mantienen un silencio irreflexivo. Ante tal despropósito, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Podríamos empezar con la resistencia: al fracking como solución a la disminución de los stocks de petróleo tradicional, a la prolongación de la vida activa de las nucleares, a la subida de precios del transporte público, a los trasvases de agua, a la necesidad de mantener la biodiversidad, etcétera.

No quisiera extenderme, pero en las últimas dos décadas se han propuesto y ensayado, a nivel local especialmente, alternativas factibles al actual modelo energético: en la recogida y tratamiento de los residuos, en la gestión del territorio, en la reducción de la contaminación urbana o en el fomento de las energías alternativas. ¿Cómo es posible que ante la doble crisis ambiental (contaminación por una parte, agotamiento de los recursos que sostienen el actual modelo de crecimiento por otra), los Gobiernos español y catalán se decanten por una política ecocida? Ciertamente, si los gobiernos no son capaces de actuar, como demuestran en diversos ámbitos (mercado eléctrico, corrupción) o incluso intentan desmantelar y privatizar los bienes públicos (sanidad, educación, espacios protegidos), la ciudadanía tendrá que protestar y advertir a sus respectivos gobiernos y representantes que la presente crisis ambiental global exige soluciones complejas pero efectivas, y que estas deben tomarse ya si queremos prevenir recurrentes “tormentas ciclogénicas” de carácter ambiental y social.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.