Bildu revoca los acuerdos que exigen el euskera en los contratos públicos

Los Ayuntamientos guipuzcoanos gobernados por Bildu que hace ahora un año anunciaron la aprobación de unos requerimientos lingüísticos para exigir el euskera en las contrataciones públicas han decidido revocar los acuerdos que aprobaron en sus plenos y optan por una vía que sortea el “marcaje” que está realizando la Abogacía del Estado con este asunto. Municipios como Zumaia, Orio, Soraluze, Errezil o Irura han decidido recientemente “dejar sin efecto y derogar” los acuerdos plenarios que fijaban las “cláusulas lingüísticas a aplicar en los expedientes de contratación”. Estas decisiones se producen tras los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado a instancias de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, que consideró “discriminatorios” dichos acuerdos municipales.

Los municipios han optado por aplicar la medida sin aprobarla en los plenos. Un total de 38 consistorios de Gipuzkoa, además de la Diputación y la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA), anunciaron en enero de 2013 que iban a “aplicar requisitos lingüísticos” en sus contrataciones públicas para reforzar la presencia del euskera. Todos los ayuntamientos que secundaron esta iniciativa están controlados por Bildu, salvo Eibar y Elgoibar, en manos del PSE y del PNV, respectivamente. A lo largo del año pasado, apenas una docena de consistorios —Errezil, Lasarte-Oria, Getaria, Azkoitia, Zestoa, Orio, Zumaia, Deba, Albistur, Soraluze, Irura, Zarautz y Anoeta— elevaron al pleno la exigencia del euskera en las contrataciones públicas. Otros, en cambio, optaron por aprobarla en la Junta de Gobierno Local.

Los recursos de la

Los primeros recibieron un oficio del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, en el que les comunicaba que los acuerdos plenarios adoptados entraban “en conflicto” con el artículo 3 de la Constitución, la legislación en materia de normalización lingüística y la Ley de Contratos del Sector Público “al establecer requisitos adicionales de carácter idiomático”. En la misma notificación, les refería su decisión de ordenar a la Abogacía del Estado la interposición de los correspondientes recursos contencioso-administrativos. La intervención de Urquijo ante los tribunales —los recursos arrancaron contra Lezo y Anoeta y han culminado en diciembre pasado contra Lasarte-Oria— han logrado desactivar algunos de estos acuerdos municipales, como en el caso de Orio, Zumaia, Soraluze, Errezil e Irura, según consta en los acuerdos que estas instituciones han publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Zestoa podría hacerlo en breve.

En algún caso, como Orio, por ejemplo, el pleno municipal de noviembre pasado acordó “anular” las cláusulas lingüísticas. Como figura en el acta del pleno, se decidió recular siguiendo “la recomendación de la Dirección de Euskera de la Diputación de Gipuzkoa” a la vista de “los recursos interpuestos por el abogado del Estado”. Para sortear el “marcaje” de la Delegación del Gobierno, la mayoría de los Ayuntamientos optaron por aprobar la exigencia del euskera en la Junta de Gobierno, sin sancionarla después en un pleno. “De esta forma, se puede aplicar igualmente, pero no se recibe el recurso”, asegura un representante de los municipios euskaldunes. Este es el caso de Eibar, donde la iniciativa se aprobó por el Gobierno municipal. Una portavoz de la Alcaldía de este consistorio aseguró que el acuerdo “está adaptado a la realidad del municipio” y persigue “reforzar el bilingüismo y favorecer el uso del euskera, pero sin imponerlo”.

Garantizar que dos directores de obra tengan el EGA

La ofensiva de la Delegación del Gobierno contra estos ayuntamientos fue interpretada por UEMA como “un ataque al euskera”, según declaró su presidenta Maren Belastegi, edil en Bergara. “Aunque la ley recoja la oficialidad del euskera, cuando ponemos en práctica la propia ley, nos ponen obstáculos”, manifestó para criticar a Urquijo. La espita la abrió a finales de 2012 el Departamento foral de Infraestructuras Viarias, dirigido por Larraitz Ugarte, cuando desveló que se había expulsado a una empresa de un concurso público para la construcción de la carretera Gi-632 (conecta los municipios de Beasain y Bergara) porque la compañía no cumplía una de las condiciones del pliego administrativo: “Garantizar que dos personas de la dirección de la obra dispongan el título EGA u otro equivalente”, según explicó en octubre de ese año la diputada.

Entre las condiciones para adjudicar el contrato (ascendía a 2,2 millones de euros), la administración gobernada por Bildu requería a las empresas licitantes que presentaran en euskera y castellano “los estudios, informes, proyectos u otros trabajos” referidos a la obra. En aquella ocasión, Ugarte manifestó que la Diputación guipuzcoana estaba “cumpliendo la ley más que nadie” porque hasta entonces no se habían “respetado los derechos lingüísticos de los euskaldunes”. No es la primera vez que el uso del euskera ha sido motivo de polémica. Una sentencia del Tribunal Supremo declaró en 1999 ilegal una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Aizarnazabal (un pequeño municipio rural y euskaldun de 543 habitantes) que consideraba el euskera como única lengua oficial en el trabajo del consistorio.