La Junta crea un grupo de reclamación por el pacto bancario sobre el euríbor
Los acuerdos empresariales para limitar la competencia cuestan al ciudadano 140 euros al año
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha constituido, a través de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), un grupo de trabajo para el estudio de las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actuaciones anticompetitivas en el mercado. El primer trabajo será sobre las repercusiones del pacto entre varios bancos para “manipular” el euríbor, el tipo más utilizado para calcular las hipotecas. Según un estudio del departamento que encabeza José Sánchez Maldonado, los daños infringidos por los acuerdos de empresas para limitar la competencia en cualquier actividad le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales.
En el grupo participan las asociaciones de consumidores Al-Ándalus, Facua y UCA-UCE; la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales; y los directores de la Cátedra de Competencia de la Universidad de Sevilla (profesores de las facultades de Derecho y Económicas), así como la propia ADCA.
El primer estudio de este grupo responde a la sanción de la Comisión Europea por el pacto para fijar los tipos de interés entre Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays y USB. El pasado diciembre, el vicepresidente Joaquín Almunia les impuso una multa de 1.712 millones de euros, la mayor aplicada nunca por cártel, y la primera sanción a la banca en Europa por prácticas anticompetitivas. Estas seis entidades actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 —hasta apenas tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers— para amañar los tipos de interés vinculados al euríbor, lo que en principio les permitió ganar aun más dinero que otros bancos.
El objetivo del equipo creado por la Junta es facilitar las acciones de reclamación de daños por infracciones de la normativa de competencia. La agencia andaluza estudiará y cuantificará los daños y perjuicios y propondrá posibles cambios normativos. La Secretaría General de Consumo y las federaciones de consumidores trasladarán al grupo reclamaciones, quejas, solicitudes de arbitraje, agruparán a personas afectadas y les facilitarán el acceso a los tribunales, entre otras actuaciones. Finalmente, los directores de la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla analizarán el marco jurídico europeo en materia de demandas.
La Agencia Andaluza de la Competencia, junto a las organizaciones de consumidores andaluzas, ya editó en junio del pasado año la guía Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia, la primera de sus características que se edita en España.
El fin es que los colectivos de consumidores y los ciudadanos particulares sepan detectar prácticas anticompetitivas, conozcan sus derechos y sepan cuáles son los cauces para defenderlos y reclamarlos.
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