La Acadèmia sigue adelante con el ‘Diccionari’ pese al veto del Consell
La presión política se relaja mientras Cultura pide un dictamen al Jurídic
![Miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/VZFG6ATV2RRTOB2QZDEAJMWSEM.jpg?auth=e38ab01d4141e6c6b155bce663c5ba80ecbdee9a35654439111affeda184352c&width=414)
La principal tarea de un ente normativo es la elaboración de su diccionario. 12 años le ha costado a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) finalizar el suyo. Pero ayer no lo pudo presentar. La férrea presión ejercida por diversos cargos del PP y del Consell, incluido su presidente, Alberto Fabra, ha desatado una nueva crisis entre la institución estatutaria y la Generalitat a cuenta de una definición de valenciano, mientras su uso social sigue reduciéndose con el agravante del cierre de RTVV.
La Acadèmia tiene la pretensión de presentar su Diccionari Normatiu Valencià y ponerlo al alcance de todos. Incluso se ha previsto una aplicación en Internet para recibir sugerencias de los ciudadanos. Considera que es su función y no puede estar condicionada por las presiones ni los tiempos de la política, según fuentes de la institución. Además, se estima que la polémica se ha amplificado por el desconocimiento.
La definición de valenciano dice: “Lengua románica hablada en la Comunidad Valenciana, así como en Cataluña, las Islas Baleares, el departamento francés de los Pirineos Ortientales, el Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de L’Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán”. Y añade en su cuarta acepción: “Variedad de esa lengua hablada en la Comunidad Valenciana”. En la del catalán se invierten los términos incidiendo en el nombre de valenciano para la Comunidad Valenciana.
Castellano propuso no reducir la AVL si se aceptaba una nueva composición
Ambas definiciones fueron ayer remitidas por la consejera de Cultura, María José Català, al Consell Jurídic Consultiu, al que se ha solicitado con urgencia un dictamen sobre si se respeta el Estatuto y la ley de creación de la Acadèmia. La petición ha relajado la tensión en las filas del PP.
Al respecto, el presidente del Consell Consultiu, Vicente Garrido, afirmó este martes: “El valenciano es lo que la Acadèmia diga que es”, “Otra cosa es el tema de la denominación del idioma y el Estatuto de Autonomía dice que es el idioma valenciano”, añadió.
Los informes del Consell Jurídic no son vinculantes. En 2004 emitió uno contra la competencia de la Acadèmia para aprobar un dictamen sobre el valenciano. La institución aprobó un dictamen un año después.
La polémica, en cualquier caso, da árnica al reducido sector secesionista más radical y ultraderechista, que siempre se ha manifestado en contra de la Acadèmia, ahora con pintadas y acciones dirigidas a su presidente, Ramon Ferrer, persona procedente del valencianismo.
“El valenciano es lo que la Acadèmia diga”, afirma el presidente del Jurídic
Varios académicos inciden, además, en que el rechazo a la definición es un pretexto que se inscribe en una estrategia anterior. Recuerdan que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, les llegó a proponer no recortar de 21 a 15 los miembros de la institución, si estos aceptaban “poner el reloj a cero”. Es decir, primó el objetivo de volver a elegir la Acadèmia sobre las supuestas intenciones de ahorro.
La Acadèmia ya tiene 13 años de existencia y sus miembros, dentro de dos años, empezarán a elegirse desde la propia institución y no por las Cortes Valencianas, lo que alejará definitivamente el organismo de cualquier control político. Concretamente, siete académicos, por sorteo, cesarán en sus cargos y serán relevados por otros elegidos por el resto de integrantes de la entidad. Habrá acabado lo que un académico define como “el paso del Rubicón”. El PP, que propició el pacto para su creación, intenta ahora impedir que culmine ese proceso.
Y para ello ha echado mano del Diccionari, que respeta “escrupulosamente” la denominación de valenciano para la lengua propia de la Comunidad Valenciana, yendo más allá, al situar esa denominación al mismo nivel que la de catalán en otros territorios del mismo dominio lingüístico.
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