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Rajoy y Mas delegan el diálogo en sus colaboradores por la falta de avances

Soraya Santamaría y Joana Ortega mantienen el contacto entre el Gobierno y la Generalitat

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su homóloga catalana, Joana Ortega, en 2012.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y su homóloga catalana, Joana Ortega, en 2012.

El Gobierno y la Generalitat han llegado a la conclusión de que en estos momentos es prácticamente imposible que Mariano Rajoy y Artur Mas puedan negociar nada sobre el referéndum catalán. Ni el uno ni el otro tienen margen de movimiento alguno ante sus electorados, de manera que ambos han optado por delegar en sus colaboradores directos los contactos entre ambos Gobiernos. El objetivo es doble. Por una parte mantener viva la llama de un posible diálogo que, según reconoció ayer el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, no podrá retomarse hasta que no pasen las elecciones europeas del 25 de mayo. El otro objetivo es que el enfrentamiento institucional no se lleve por delante las primeras y tímidas mejoras de la economía.

Pese a las reiteradas peticiones de los empresarios, del PSOE y de los agentes sociales, Mas y Rajoy no se reúnen oficialmente desde el pasado agosto. En otoño tuvieron algunos contactos más informales y telefónicos, que acabaron súbitamente cuando los cuatro partidos soberanistas catalanes anunciaron un acuerdo para celebrar la consulta independentista el próximo 9 de noviembre y precisaron incluso la pregunta.

Desde entonces los contactos entre ambos Gobiernos se reducen casi exclusivamente a asuntos del día a día, especialmente económicos. El diálogo político, con la consulta de fondo, se limita a contactos discretos entre colaboradores directos de Rajoy y Mas. Por parte de La Moncloa son frecuentes las llamadas a la Generalitat, especialmente de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Su principal interlocutor en el Gobierno catalán es la vicepresidenta, Joana Ortega.

Debate en febrero

FERNANDO GAREA

El Gobierno prevé anunciar en los próximos días la fecha del segundo debate sobre el estado de la nación de Mariano Rajoy como presidente. Previsiblemente, se celebrará en la última semana de febrero y, más concretamente, según el calendario que baraja el Ejecutivo podría ser el 25. El del año pasado fue el 20 de febrero y en esta ocasión Rajoy pretende acudir al Congreso a dar cuenta de su gestión con datos macroeconó-micos favorables. Para esa fecha, el Gobierno pretende haber avanzado en medidas anticorrupción que hace un año anunció Rajoy y que en la inmensa mayoría no han llegado aún como proyectos de ley a las Cortes. Ese debate, según la previsión del Gobierno, anticipará el que se producirá un mes después sobre Cataluña. Tres partidos catalanes (CiU, ERC e ICV) presentaron ayer una proposición de ley idéntica a la del Parlamento catalán que podría votarse y rechazarse a finales del próximo marzo. Los tres grupos han esperado a que pasara enero y acabase el turno de Amaiur como portavoz del Grupo Mixto y evitar así su firma en la proposición.

Ambas vicepresidentas no han perdido el contacto en ningún momento, ni siquiera en la etapa de enfrentamiento más duro, como el actual, aseguran fuentes de ambos Ejecutivos. La solidez de esta buena relación se pondrá a prueba en breve. Ortega ha remitido una carta a Santamaría pidiéndole que convoque una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que en lo que va de legislatura no ha mantenido ningún encuentro. Ortega es la presidenta de la parte catalana de esta comisión desde la semana pasada, cuando relevó al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran.

Otros interlocutores que en los últimos meses han tenido cierto peso en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno son, por parte catalana, el secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana y, en menor medida, el consejero de Presidencia, Francesc Homs. Este último mantenía una fluida relación con Soraya Sáenz de Santamaría desde que ambos coincidieron en la negociación del Estatuto catalán en 2006. Sin embargo, su nuevo papel de hombre fuerte del Gobierno catalán y como principal ideólogo del proceso soberanista le han cerrado puertas en La Moncloa. “Homs difícilmente puede ser un interlocutor válido mientras no abandone las soflamas que lanza cada semana”, dicen fuentes del PP catalán.

Las relaciones se han truncado casi por completo desde que el pasado 14 de diciembre CiU, ERC, Inciativa y la CUP anuciaran a bombo y platillo un acuerdo para convocar la consulta el 9 de noviembre con dos preguntas ya cerradas. Fue el paso “unilateral” que Rajoy ha afeado públicamente a Mas y que ha impedido nuevos encuentros.

Ante el fracaso de todos los intentos de negociación política, la Generalitat también ha intentado buscar mediadores en el ámbito económico. Fuentes próximas a Mas explican que han intentado que algunos significados empresarios catalanes intercedan ante el Gobierno central en busca de una señal de receptividad. Sin embargo, las mismas fuentes admiten que los empresarios se han negado a ejercer este papel. “Tienen mucho miedo de que, si se meten en este debate, eso acabe por perjudicar sus negocios”. Lo máximo que ha logrado la Generalitat es que algunos de estos empresarios hayan hecho llegar al Gobierno de Rajoy la necesidad de buscar una “solución política” y no solo jurídica.

En estos momentos no hay indicios de que el erial en que se han convertido las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno vaya a cambiar en breve. El propio Duran admitió ayer que no espera que las negociaciones puedan retomarse hasta pasadas las elecciones europeas del 25 de mayo. “No creo que haya ningún tipo de posibilidad de rehacer un dialogo que ha existido pero que no creo que sea viable hasta las elecciones del Parlamento Europeo, porque la dinámica interna de los partidos no lo hace posible”, dijo ayer el democristiano.

A corto plazo el debate se centrará en el Congreso. Los partidos soberanistas registraron ayer en la Cámara baja la propuesta para que el Congreso ceda a Cataluña las competencias para organizar un referéndum consultivo de autodeterminación. A la vista de que la petición del Parlamento catalán sobre este asunto podría no ser debatida hasta septiembre, CiU, ERC e ICV registraron ayer sus iniciativas parlamentarias conjuntas para adelantar el debate a finales de abril o comienzos de mayo.

 

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