Los hermanos Ruiz-Mateos se desentienden de los pagos a Lanzas

Como un colaborador más del grupo Nueva Rumasa. Así ha definido este viernes Javier Ruiz-Mateos, responsable de las finanzas de este conglomerado familiar, al conseguidor Juan Lanzas, uno de los imputados clave en el caso de los ERE fraudulentos. Javier y su hermano Pablo se han desentendido ante Mercedes Alaya, la magistrada sevillana encargada de la instrucción de este caso, de los supuestos pagos en negro que Lanzas habría recibido de Nueva Rumasa por su intermediación en expedientes de regulación.

La juez imputa a ambos hermanos un delito de malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se les imponga una fianza de responsabilidad civil de algo más de 8,5 millones de euros a cada uno de ellos. Esa cantidad se corresponde a lo que aportó la Junta de Andalucía (6,4 millones) para el Expediente de Regulación de Empleo del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), más el tercio legal previsto en estos casos.

En el ERE de este establecimiento, que era propiedad del grupo Rumasa, se habrían colado dos intrusos. El Gobierno andaluz se ha adherido este viernes a la petición de fianza de la fiscalía. Será Alaya la que decida ahora si hay fianza y la cantidad.

Una parte importante del interrogatorio de la magistrada se ha centrado sobre el ERE en el hotel Cervantes. Varios de los letrados presentes en las declaraciones han señalado que Javier Ruiz-Mateos ha sostenido que no tenía conocimiento de los presuntos pagos realizados a Lanzas por su intermediación. Intentaba rebatir así el informe de la Guardia Civil sobre Nueva Rumasa en el que se indicaba que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada ERE del grupo —cinco en Andalucía— y que pedía los pagos en b y en billetes de 500 euros. En el caso del Hotel Cervantes también se habrían abonado 600.000 euros al conseguidor por sus gestiones ante la Junta, según ha señalado ya Alaya en algún auto.

Javier Ruiz-Mateos, según las mismas fuentes, ha rebajado este viernes el papel jugado por Lanzas dentro del grupo empresarial. Ha reconocido que actuaba como intermediario en algunos negocios. Pero sus colaboraciones eran una "minucia" dentro de la actividad económica del grupo. Pablo Ruiz-Mateos, encargado de los negocios hoteleros del grupo, ha dicho que ni siquiera conocía a Lanzas.

Ambos hermanos coinciden en responsabilizar a su padre de la gestión de todo el grupo empresarial. "Todo se hacía bajo su supervisión", ha indicado durante el interrogatorio Javier Ruiz-Mateos.

Los hermanos también han negado que se reunieran con algún cargo de la Junta de Andalucía y se han desentendido de la tramitación de los cinco ERE que realizaron en sus empresas en Andalucía. Según la versión que han dado, eran los responsables de cada sociedad los que se encargaban de esas gestiones.

El caso del hotel de Málaga ha centrado parte de la instrucción de la juez en los últimos días. Alaya ha tomado declaración ya al exdirector de la división hotelera de Nueva Rumasa Carlos Miranda Bacciarini, imputado también y para el que la fiscalía ha pedido 120.000 euros de fianza. Miranda también reconoció ante la juez que Lanzas era colaborador del grupo y que pasaba sus vacaciones de forma gratuita en el hotel Cervantes por orden de José María Ruiz-Mateos.

El asunto de los presuntos pagos a Lanzas también centró el interrogatorio a este exdirectivo. Miranda sostuvo que él no fue intermediario en los pagos y que solo vio a Lanzas en un par de ocasiones. Una cuando en 2005 José María Ruiz-Mateos se lo presentó como colaborador y otra cuando le pidieron que, dado que iba a viajar a Lepe (Huelva), pasara por la vivienda de los Ruiz-Mateos en Madrid y recogiera un sobre para entregárselo a Lanzas en Sevilla.

La relación de Lanzas con el grupo Nueva Rumasa fue destapada hace dos años por el letrado Joaquín Yvancos, que fue abogado de José María Ruiz-Mateos durante 28 años. A principios de 2012, reveló ante la Guardia Civil los pagos en negro al conseguidor. Según dijo entonces Yvancos, Lanzas “tenía una tarifa de 100 millones de pesetas (600.000 euros) por cada ERE, independientemente del tamaño”.

En el caso concreto del ERE del hotel Cervantes, el letrado aseguró que el conseguidor cobró su mediación en sobres que recibía semanalmente con cantidades que oscilaban entre 20.000 y 25.000 euros, en sobre son billetes de 500.