Primera semana triunfal

Anunciado el lunes 20 durante la anodina entrevista que concedió a Antena 3, el plan de Mariano Rajoy para desbaratar la consulta soberanista, la Operación Overlord del PP para liberar Cataluña de las garras del separatismo, tenía su D-Day el viernes 24 y su Omaha Beach en el Palacio de Congresos y los jardines adyacentes, junto al hotel Juan Carlos I, en lo alto de la Diagonal barcelonesa. Toda gran operación política, empero, requiere medidas preparatorias. En este caso, para ir convenciendo a los catalanes de lo estupendo que es el statu quo, de cómo mienten los independentistas cuando imputan al poder central intenciones hostiles contra su identidad colectiva, el martes 21 el Gobierno de Rajoy forzaba el fin de las emisiones de Catalunya Ràdio en la Comunidad Valenciana. Un ataque a la libertad de expresión con pretextos técnicos, digno de la Bielorrusia del dictador Lukashenko o de la China de Xi Jinping; un ataque que, además, deja aquel territorio sin ningún medio de comunicación de alcance general en la lengua autóctona.

Tras este gesto decididamente amable y conciliador, el viernes comenzaba el gran desembarco, la convención del Partido Popular bajo el lema Juntos sumamos. La anfitriona, Alicia Sánchez-Camacho, lo abrió con una indecorosa analogía entre el sufrimiento del PP vasco bajo el acoso etarra y el de los populares catalanes, víctimas —dijo— de una campaña “de exclusión y rechazo social”. Así, pues, ¿debería ser obligatorio aplaudirles? Las críticas razonadas a la línea política de Rajoy y los suyos —este artículo, sin ir más lejos—, ¿pueden equipararse siquiera retóricamente con las bombas-lapa y los tiros en la nuca? ¿No es esa insinuación un vergonzoso chantaje moral que pretende coartar el debate democrático?

Con todo, y aun cuando las alusiones de la señora De Cospedal a los “mordiscos” y los “machetazos” de quienes quieren romper España fueron también valiosas aportaciones a la concordia y al diálogo, el plato fuerte de la jornada lo sirvió el ministro de Hacienda. Uno de los objetivos proclamados de la convención era “desmontar la falacia del expolio fiscal”, y en tal sentido se había filtrado que los técnicos de Hacienda estaban terminando de calcular las balanzas fiscales con las que el Estado silenciaría de una vez por todas el victimismo económico independentista.

Pues bien, los números finales no debieron de ser los esperados, porque en un deslumbrante alarde de cinismo don Cristóbal Montoro anunció que las balanzas fiscales no serían calculadas ni publicadas nunca más, que simplemente dejaban de existir, porque “propician los agravios comparativos entre unas regiones y otras”. Como si dichas balanzas no fuesen un concepto usual en la literatura académica del ramo, como si las hubieran inventado Mas y Junqueras para hacerse los lloricas y alimentar el discurso secesionista, ahora serán reemplazadas por un “balance de cuentas públicas regionalizadas”. El PP contrapone al “derecho a decidir” el “derecho a saber”; pero, ante una pertinaz ola de frío, decreta la supresión de los termómetros.

El PP contrapone al “derecho a decidir” el “derecho a saber”; pero, ante una pertinaz ola de frío, decreta la supresión de los termómetros

Y el sábado 25, por fin, habló Mariano Rajoy. Lo hizo para no formular ni una sola idea, para desdeñar una vez más la envergadura y el calado del proceso político-social que se vive en Cataluña —una “fiebre pasajera”— y para insistir en su no berroqueño a cualquier consulta, a cualquier cambio legislativo, a cualquier negociación política. Si este es el plan, o la primera parte del plan, que Rajoy tiene para reconducir el estado de la opinión catalana, aviados estamos. Sobre todo, lo están quienes, con admirable empeño, siguen trazando terceras vías y otros federalismos. Con semejante guardagujas, es imposible que ningún tren circule por ellas y esquive la colisión.

Con ser ya tan brillantes, y tan eficaces en el propósito de seducir a los ciudadanos de Cataluña, a los siete días de ofensiva del PP sobre el Principado les faltaba un colofón digno, un broche de oro. Y lo han tenido el pasado lunes 27 con la publicación íntegra de Por la convivencia democrática, el documento de 194 páginas con el cual el ministro de Asuntos Exteriores ha aleccionado a todos los diplomáticos españoles en el extranjero contra el proceso soberanista catalán, y cuya existencia EL PAÍS desveló hace semanas.

Es perfectamente legítimo que el Estado español y quienes lo disfrutan defiendan su intangibilidad con argumentos de todo tipo, aunque en este caso los de carácter histórico resulten entre patéticos y ramplones, y aunque la urdimbre de todo el texto sea el acreditado método de cortar y pegar. Pero, ¿le da eso a García-Margallo el derecho de injuriar y mentir a sabiendas, atribuyendo al independentismo una inmoralidad, una insolidaridad, un carácter anticonvivencial y conflictivo, radical y supremacista, intimidatorio y mezquino, que se contraponen con la arcádica armonía del unitarismo españolista? ¿Ha evaluado don José Manuel el impacto de su memorial no sobre las cancillerías, sino sobre la opinión pública catalana?

75 años después, los nacionales volvieron a asomar por la Diagonal. Pero, esta vez, el tiro les está saliendo por la culata.

Joan B. Culla i Clarà es historiador