El Gobierno acusa a la ley andaluza de vivienda de aumentar la prima de riesgo

El recurso contra el la ley andaluza de función social de la vivienda presentado por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional argumenta que esta norma, que permite la expropiación temporal del uso de un inmueble para evitar desahucios, hace subir la prima de riesgo, haría desaparecer la propiedad privada, provocaría el "colapso de la economía española" y pondría en peligro la "reestructuración del sistema financiero". La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha contestado que la actuación del Ejecutivo se se basa en elucubraciones descabelladas.

El recurso del Gobierno, hecho público en la página web de al Junta de Andalucía, señala en sus fundamentos de derecho que la ley andaluza  “tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico”. También sostiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el recurso que “no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”.

Los argumentos del Gobierno llegan a sostener que, con la cesión de derechos “a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública”.

Cortés ha respondido que el texto del recurso contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, es “una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo". La consejera ha replicado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la Ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, “y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuración pagado con multimillonarias cantidades de dinero público”.

“Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo”, ha señalado Cortés, quien ha afirmado que conocer “la letra concreta” del recurso confirma que el mismo supone “un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”.

La consejera ha recordado que la norma andaluza tiene “perfecto anclaje constitucional”, entre otros, en el artículo 33, que establece que el derecho de propiedad tiene una función social; en el 40, que fija que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa; el 47, según el cual los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y el 128, que señala que toda la riqueza del país está sujeta al interés general. Cortés ha recordado que la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda.

Cortés ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad por parte del PP a través de 50 de sus diputados. “Hay un trato claramente discriminatorio hacia Andalucía”, ha afirmado Cortés, ya que la Ley catalana “también establece y delimita la función social de la vivienda y fija infracciones para quienes la incumplan”. “¿Por qué se le niegan a Andalucía estas potestades?”, ha preguntado.

La consejera resalta también que en el recurso se citan cuatro informes del Banco de España y del Memorando de Entendimiento (MOU), que fija las condiciones del rescate financiero a España, para concluir: “El MoU obliga a las autoridades españolas a consultar ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa”.

Ante esto, Cortés ha afirmado que “el recurso del Gobierno, además de admitir a las claras la intervención de la democracia española por parte de la Troika, pretende negar al Parlamento de Andalucía autonomía legislativa sobre cualquier materia con impacto económico”. “Contravenir los dictados de la Troika podrá gustar más o menos políticamente, pero desde luego no es inconstitucional”, ha señalado Cortés.