Aqualia corta el agua a más de 200 familias de Jerez por impago de facturas

La multinacional inicia una campaña de interrupción de suministro ocho meses después de la privatización el servicio

Jerez de la Frontera - 24 ene 2014 - 21:09CET

María José García Pelayo, en Jerez.julián rojas

La multinacional Aqualia ha iniciado en Jerez una campaña de corte de suministro por impago de facturas. Más de 200 familias han sufrido la suspensión del abastecimiento en los últimos cuatro días. Los cortes se producen por zonas. Se iniciaron el lunes en el centro y algún barrio del norte, pero desde el miércoles se han extendido al área rural. Solo en la pedanía de La Barca y tres barriadas cercanas se han registrado en 48 horas más de 100 interrupciones. Aunque esto no es más que el principio y la campaña continuará.

El Ayuntamiento de Jerez privatizó la gestión del servicio en abril de 2013. El gobierno de María José García Pelayo (PP) adjudicó el abastecimiento a Aqualia durante 25 años a cambio de un canon de 80,1 millones de euros. Ocho meses después de la externalización, la compañía ha dado la orden de desconectar a todos los contribuyentes con recibos pendientes. La empresa defiende que algunos clientes adeudan recibos “desde hace ocho meses” y que desde que se emite la factura hasta que se produce el corte transcurren “entre 90 y 100 días”.

Los pasos previos a la interrupción del suministro se han acortado. Antes de la privatización, la empresa pública Aguas de Jerez enviaba dos cartas informativas, avisaba por teléfono o en persona de la amenaza de corte y, una vez, suspendido el fluido, concedían hasta cuatro días al contribuyente para abonar el recibo pendiente sin aplicar la cuota de reconexión.

Aqualia actúa en dos meses. Tras un par de cartas de aviso remitidas con 15 días de diferencia, se genera el corte y el coste de reconexión, que supone el pago de otros 60 euros. La norma le asiste. Como recuerda la compañía, el artículo 67 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta (RSDA) establece para actuar un único plazo de 15 días desde el envío de una carta certificada, sin comunicación previa.

“Jamás he visto una oleada de cortes semejante”, afirma un veterano empleado de Aguas de Jerez subrogado por Aqualia que prefiere mantenerse en el anonimato. “Aquí hay un objetivo claro: incrementar costes. No solo han empezado por la suspensión de suministro, también van a perseguir el fraude”, avanza el trabajador, quien advierte además de que se ha suprimido el servicio de inspección. “Antes se avisaba a un cliente de un consumo desmesurado que puede estar ocasionado por una fuga. Ya no. Se cobra y punto”, añade.

Desde Izquierda Unida piden explicaciones. “Mientras Pelayo levita en Madrid (en alusión a la presencia de la alcaldesa en la Feria Internacional de Turismo Fitur), Aqualia lanza una ofensiva de corte en los hogares de Jerez sin tener en cuenta si en las casas afectadas habitan niños, mayores o enfermos. Nos parece una barbaridad”, espetó tras conocerse el corte masivo de suministro el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle.

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La suspensión del abastecimiento ha pillado por sorpresa al gobierno municipal. La delegada municipal de Bienestar Social Isabel Paredes, había afirmado apenas una hora antes de conocerse la campaña iniciada por Aqualia que en Jerez “no ha habido cortes de agua”. “Si se ha producido alguno ha sido por despiste”, afirmó.

La Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua ha convocado una concentración de protesta este sábado en la pedanía de La Barca, la más afectada por la suspensión del abastecimiento. Su alcalde, Alejandro López (PP), quien desde hace meses se plantea desvincularse de la privatización ejecutada por el gobierno del Ayuntamiento matriz, ha avanzado que habilitará ayudas para asistir a los afectados.

Ecologistas en Acción presenta un recurso contra la venta del agua en El Puerto

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz para tratar de tumbar la privatización del agua que impulsa el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (PP). El colectivo conservacionista ha solicitado vía judicial la anulación de los últimos acuerdos del pleno que avalan la venta del 49% de la empresa municipal Aguas de El Puerto durante 25 años a la firma Aqualia. En el recurso, los ecologistas piden “medidas cautelares” con el propósito de dejar sin efecto acuerdos que “lo único que aportan es un préstamo económico que deberá ser devuelto por el Consistorio”, aseguran.

A unos pocos kilómetros de El Puerto, en Sanlúcar de Barrameda, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida han acusado a la misma compañía, Aqualia, del cobro de “tasas ilegales e injustas”. Ambas organizaciones subrayan que pese a que la ley de contratos del sector público impide incrementar las cuotas por encima del 85% del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año precedente, el recibo del agua para los sanluqueños ha subido entre 2011 y 2014 un 28% frente al 8% permitido. La coalición de izquierdas calcula que la compañía ha podido cobrar “alrededor de un millón de euros de manera ilegal”.

Según los colectivos denunciantes, desde 2013 la multinacional factura “como si el contador de las casas fuese de 15 milímetros de diámetro frente a los 13 reales”. “Eso ha supuesto que la tarifa de la tasa fija de agua se duplique”.

Ecologistas en Acción e IU están elaborando recursos tipo para que los vecinos de Sanlúcar los presenten ante el Ayuntamiento y la empresa. Asimismo, anuncian la puesta en marcha de una campaña informativa que comienza este sábado en la céntrica plaza del Cabildo de Sanlúcar para dar a conocer este cobro “ilegal”.