El PSPV pide que declaren en Emarsa Cotino y Hernández

El PSPV cree que la responsabilidad del Consell en el caso Emarsa —presunto saqueo de 20 millones de euros de la depuradora de Pinedo (Valencia) entre 2004 y 2010— no termina en los dos exdirectivos imputados de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer. La acusación popular socialista pidió ayer al juez instructor de la causa, Vicente Ríos, que tome declaración como testigos al presidente de las Cortes y a la diputada del PP, Juan Cotino y Maritina Hernández, que presidieron Epsar durante su etapa como consejeros de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y no cuestionaron que esta sociedad de la Generalitat abonara a Emarsa por cada tonelada de lodo 42 euros, el doble de la tarifa de mercado, según la fiscal. El presunto sobreprecio se mantuvo entre 2006 y 2010.

El PSPV considera que los imputados Bernácer y Morenilla debieron informar a sus jefes. Recuerda que Hernández defendió la tarifa bajo sospecha en declaraciones recogidas en el diario de sesiones de las Cortes y artículos periodísticos que ayer remitieron al juez. La exconsejera dijo en diciembre de 2012 que los 42 euros eran “inferiores a la media de 50”. Unos argumentos que se han ido desmoronando en paralelo al avance de la minuciosa investigación que desarrolla desde hace tres años el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Empresas ficticias

La acusación popular sostiene que las comparecencias de los exconsejeros desgranarán el papel real de Bernácer y Morenilla en la financiación de Emarsa mediante una supuesta constelación de empresas “ficticias”.

El PSPV también reclama al instructor que tome declaración a la exvicepresidenta de Epsar María Ángeles Ureña. “El exgerente de la Epsar José Juan Morenilla le debió reportar su actuación, el destino de los lodos, el coste de su tratamiento”.

El juez sospecha que inflar el precio del lodo fue una de las principales triquiñuelas utilizadas por la trama para saquear durante años la depuradora. Epsar desembolsó a Emarsa por este concepto 120 millones de euros desde 2003. Una cifra que incluiría las mordidas que se repartieron, presuntamente, los principales imputados en el monumental expolio. La mayoría de los procesados militaron en el PP.