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La fiscalía supervisará la asistencia que Barcelona da a un menor discapacitado

La familia denunció a los servicios sociales por desatender al niño

La madre dice haber sufrido "presiones y amenazas" para firmar la baja voluntaria del servicio

La fiscalía de menores de Barcelona controlará la asistencia que prestan los servicios sociales del Ayuntamiento a un menor discapacitado que, el pasado septiembre, denunció a la Administración local por retirarle el servicio de atención domiciliaria y dejarlo "en una situación de falta de asistencia". El Ministerio Público designará a un fiscal para controlar "la legalidad de la actividad de la Administración protectora" y para que no se produzcan, tal y como advierte la familia que está sucediendo, "posibles represalias" del Consistorio por la denuncia interpuesta cuatro meses atrás.

La disputa, que según la madre del menor comenzó cuando los asistentes sociales del barrio la obligaron, en contra de lo que es habitual, a estar presente durante las 25 horas mensuales de atención domiciliaria que le habían asignado al niño, se saldó con una denuncia a la fiscalía de menores. Company acusó al Ayuntamiento de desatender a su hijo, que padece autismo, al retirarle la prestación asignada por la ley de dependencia y aseguró, además, haber sufrido "presiones y amenazas" por parte de los técnicos de servicios sociales para que firmase la baja voluntaria del servicio.

En octubre de 2013, la madre llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para devolverle la atención domiciliaria al niño y retiró la denuncia. Sin embargo, el mes pasado, Papás de Alex volvió a presentar un escrito en el que denunciaba "actuaciones sospechosas" de la Administración como "posibles represalias" por la denuncia que había interpuesto la familia del menor. Según el presidente del colectivo, Antonio Moreno, las represalias consistieron en enviar el expediente del menor al Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del Ayuntamiento para mostrar que el niño se encuentra en una situación de riesgo.

Tras reunirse con la familia y el colectivo Papás de Alex, la fiscalía ha reconocido que, aunque las actuaciones de la Administración "parecen sospechosas en algún punto, no dejan de estar dentro de la legalidad". Por ello, ha decidido mantener el archivo de las actuaciones pero también que se continúe con un control de las actuaciones que lleve a cabo la Administración local con este menor.

Fuentes del Área de Calidad de Vida del Ayuntamiento consultadas por la agencia EFE han defendido que el menor recibe las prestaciones que le corresponden y han negado que el hecho de haber remitido su caso a la EAIA suponga una represalia, sino que es una actuación que se lleva a cabo siempre en ese tipo de circunstancias.